política
Una iniciativa presentada por la Diputada Natalia Fidel (ECO) [foto], en coautoría con
Graciela Ocaña (Confianza Pública), Carlos Tomada (FPV) y Paula Oliveto
(Coalición Cívica), busca que las universidades e institutos terciarios privados
deban notificar los aumentos en los aranceles con al menos 60 días de
anticipación.
El proyecto establece que el aviso deberá hacerse con una antelación de 60 días, a
través de medios fehacientes tales como carta o correo electrónico, además de
carteles colocados en las instalaciones de tránsito habitual de los estudiantes. De
este modo, se busca garantizar el derecho que asiste a los consumidores para
acceder a información detallada, clara y oportuna sobre el servicio contratado.
La Diputada Fidel explicó que "es una práctica frecuente de este tipo de
instituciones aumentar los aranceles, matrículas o cargos por derechos de examen
sin avisarlo con una anticipación razonable a los alumnos, generándoles graves
perjuicios". Además agregó que "actualmente los aumentos de las
universidades no son de 100 o 200 pesos, sino que equivalen a sumas que
pueden oscilar entre los 1.000 y 2.000 pesos, y si no son avisados con una
anticipación razonable, se vuelve muy difícil que los alumnos y sus familias
puedan acomodar sus economías personales para hacer frente a los
aumentos y, si no logran pagar en tiempo y forma, el estudiante sufre graves
consecuencias tales como la pérdida de regularidad, que puede resultar en
que no pueda rendir exámenes o incluso en que no pueda seguir cursando
temporalmente".
Sin ignorar que los aumentos que aplican los establecimientos educativos
responden a las obligaciones económicas que estos deben afrontar, la Diputada
manifestó que "es inaceptable que el consumidor, en este caso el alumno, se
encuentre sorpresivamente frente a un aumento de varios puntos porcentuales en
la tarifa de un servicio del que no puede prescindir fácilmente, ya que eso
implicaría perder mucho dinero, tiempo y esfuerzo ya invertidos".
La legisladora
del espacio liderado por Martín Lousteau explicó que "una situación similar
ocurre con las prestadoras de medicina prepaga, las cuales ya se encuentran
obligadas a notificar los aumentos con antelación por tratarse de otro servicio
del cual es difícil prescindir sin sufrir graves consecuencias".