sociedad
En los últimos días se hicieron públicos algunos casos de personas varadas en límites provinciales sin poder ingresar a sus hogares en el marco de las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO).
En particular, se conocieron casos:
de personas que no podían ingresar a Formosa mientras estaban varadas en Chaco. de un grupo con restricciones para ingresar a Salta desde la provincia de Tucumán. de restricciones de ingreso a Corrientes y a San Luis.
A partir de la gravedad de esta situación, la organización defensora de los derechos humanos envió pedidos de acceso a la información pública a las gobernaciones de Corrientes, Formosa, Salta, San Luis para que den detalles sobre el control del ingreso de personas, las solicitudes y rechazos de ingreso recibidas y las medidas adoptadas para los supuestos de personas que se encuentran varadas en las fronteras provinciales.
En el contexto de emergencia del COVID-19, Amnistía Internacional reconoce el esfuerzo que tanto el Estado nacional como las provincias llevan a cabo para dar una respuesta integral a la crisis sanitaria. Sin embargo, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, cualquier medida que se tome dentro de este marco, debe ser proporcionada, limitada y necesaria; debe estar sujeta a un examen periódico y significativo.
“La pandemia del COVID-19 expuso a los gobiernos a grandes desafíos aquí y en el resto del mundo, y han tenido que tomar medidas difíciles como restringir la libertad de circulación para proteger la salud pública. Sin embargo, es fundamental dejar en claro que estos controles siempre deben realizarse dentro un marco legal válido y razonable y jamás deben vulnerar los derechos humanos. En este contexto, resulta necesario que las autoridades de las mencionadas provincias expliquen cuales son las razones o motivos por las cuáles no dejan ingresar a las personas a las provincias en las que residen”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Los gobiernos provinciales y nacional deben dar una respuesta urgente a la situación de las personas que ven imposibilitado el regreso a su hogar, desamparadas en las fronteras provinciales y sin las condiciones higiénicas y sanitarias adecuadas.