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A 11 años de #NiUnaMenos, la violencia de género contra niñas y mujeres sigue siendo una deuda del Estado. En un nuevo aniversario del primer grito colectivo contra la violencia machista, Amnistía Internacional advierte sobre los alarmantes retrocesos en las políticas públicas destinadas a prevenir, atender y erradicar la violencia de género.
A once años de la primera movilización, que marcó un antes y un después en la forma de nombrar, visibilizar y exigir respuestas frente a la violencia machista, la deuda no solo persiste, sino que se profundiza: mujeres, niñas y personas LGBTI+ continúan expuestas a violencias que requieren respuestas estatales eficaces y sostenidas en un contexto agravado por el desmantelamiento y desfinanciamiento de las políticas para combatir la violencia de género.
En los últimos días, nuevos casos de femicidios como el de Agostina volvieron a estremecer a la sociedad y a mostrar que la violencia de género no es un hecho aislado, sino un problema estructural que exige respuestas estatales integrales y con presupuesto suficiente.
“Frente a hechos de esta gravedad, el Estado no puede mirar para otro lado. Reconocer el femicidio es clave para entender que no se trata de homicidios comunes, sino de violencia estructural que exige políticas públicas específicas. Pero la respuesta, sigue llegando tarde. Cuando el Estado no previene, no protege o investiga mal, se refuerza la impunidad. Desfinanciar políticas de género tiene consecuencias concretas, deja a las mujeres libradas a su suerte. Garantizar una vida libre de violencia no es opcional: es una obligación”, señaló Mariela Belski directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Los femicidios no bajan de un piso crítico
En 2025, el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina registró 200 víctimas directas de femicidio. De ellas, el 78% fue atacada en su domicilio o en el del agresor y en el 83% existía un vínculo previo, generalmente parejas o exparejas. La baja del 12,3% respecto a 2024 se explica por una disminución de casos en algunas jurisdicciones, centralmente la provincia de Buenos Aires que por su peso poblacional tiene un impacto determinante en la estadística nacional. Aunque la cifra representa una disminución respecto de 2024, el nivel de violencia letal sigue siendo extremadamente alto: desde 2017, Argentina mantiene un piso sostenido de femicidios que equivale aproximadamente a una mujer asesinada cada 36 horas.
Los femicidios son la expresión más extrema de una trama de violencias — económicas, psicológicas, sexuales, digitales, institucionales y simbólicas — que condicionan todos los días la libertad de mujeres, niñas y diversidades. Por eso es indispensable visibilizar y atender las formas cotidianas de violencia que muchas veces anteceden al desenlace fatal y que requieren prevención, detección temprana, acompañamiento, protección y acceso efectivo a la justicia.
Se desfinancian los programas para combatir la violencia de género
Amnistía Internacional advierte que, desde diciembre de 2023, las políticas públicas para prevenir y abordar la violencia de género fueron recortadas y desmanteladas.
La Línea 144 perdió especificidad, presupuesto propio y redujo un 45% su planta. El Programa Acompañar restringió su acceso al exigir denuncia judicial o policial previa, lo que puede desalentar o excluir a quienes más necesitan apoyo urgente.
También se redujo el alcance de la reparación económica para niñas, niños y adolescentes víctimas indirectas de femicidios, pese a que, en 2025, 144 perdieron a su madre como consecuencia de la violencia de género.
En febrero de 2026, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de las Naciones Unidas (ONU) advirtió sobre graves retrocesos en Argentina , incluyendo cierre o degradación de instituciones clave, recortes presupuestarios en políticas de prevención de la violencia de género, debilitamiento de la ESI y desmantelamiento del Plan ENIA.
