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“Instamos al Consejo de Seguridad de la ONU a que adopte una resolución de emergencia que exija a los talibanes que respeten el derecho internacional de los derechos humanos y garanticen la seguridad de todos los afganos y afganas, independientemente de su etnia y de sus creencias religiosas. Además, el Consejo de Derechos Humanos debe establecer un mecanismo de investigación sólido para documentar, recoger y preservar pruebas de los crímenes y de los abusos contra los derechos humanos que se están cometiendo en todo el país. Eso será fundamental para luchar contra la impunidad”, sostuvo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
En ese sentido, Amnistía Internacional envió una carta a la Cancillería argentina –Estado parte en el Consejo de DDHH-, celebrando el apoyo del país a la convocatoria a una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el próximo martes. La comunidad internacional debe enviar un mensaje claro y contundente demostrando su máximo compromiso para exigir la rendición de cuentas de quienes violan derechos humanos.
Además, Amnistía Internacional Argentina y la Red Argentina de Apoyo al Patrocinio Comunitario de Personas Refugiadas enviaron una nota conjunta a las autoridades nacionales a fin de transmitirle su preocupación por la crisis humanitaria en Afganistán y se pusieron a disposición para brindar apoyo ante las acciones que pueda llevar adelante el Estado argentino y, en particular, la recepción e integración local de personas afganas con necesidades de protección internacional. Los gobiernos extranjeros deben tomar todas las medidas necesarias para proteger a las personas en el conflicto y garantizar una salida segura de Afganistán a quienes están en el punto de mira de los talibanes. Esto incluye visados, proporcionar plazas de reubicación y reasentamiento, y suspender todas las deportaciones y devoluciones.
Amnistía Internacional está profundamente preocupada por los miles de afganos y afganas que actualmente corren grave peligro de sufrir represalias por parte de los talibanes, desde académicos/as y periodistas hasta activistas de la sociedad civil, defensores/as de los derechos humanos, mujeres y niñas. El equipo de respuesta a la crisis de Amnistía Internacional ha puesto a disposición un fondo de emergencia para que las personas que hoy están en peligro tengan la oportunidad de recibir apoyo.
Hace aproximadamente un mes, Amnistía Internacional estuvo en terreno hablando con testigos presenciales que dieron testimonios desgarradores de asesinatos perpetrados por los talibanes tras tomar el control de la provincia de Ghazni. Nueve hombres de etnia hazara fueron asesinados. Seis de ellos murieron por disparos y tres, por torturas; a uno de ellos lo estrangularon con su propio pañuelo y le habían rebanado los músculos del brazo. Es probable que estos brutales asesinatos representen una fracción mínima del total de muertes infligidas hasta la fecha por los talibanes, que han cortado el servicio de telefonía móvil en muchas de las zonas que han capturado recientemente y controlan las fotografías y vídeos que se divulgan desde estas regiones.
La brutalidad y sangre fría de estos asesinatos recuerda el historial de los talibanes y es un espantoso indicador de lo que podría suceder con el gobierno talibán, sobre todo para las mujeres y niñas. Aunque los talibanes afirman haber moderados sus opiniones sobre las mujeres, los primeros informes son alarmantes sobre las nuevas restricciones impuestas a las mujeres y niñas. Bajo el gobierno talibán de 1996 a 2001, las mujeres afganas estaban sometidas a severas restricciones, como la prohibición de trabajar fuera de casa y de aparecer en público sin un pariente masculino cercano. Además, a las mujeres y niñas se le negaba el acceso a la educación y tenían un acceso limitado a la salud.
Estas restricciones siguieron aplicándose a las mujeres de las zonas que habían permanecido bajo control talibán, pero desde 2001 los derechos de las mujeres habían mejorado considerablemente. Antes de la toma de poder por los talibanes, 3,3 millones de niñas cursaban estudios y las mujeres habían participado activamente en la vida política, económica y social del país, convirtiéndose en abogadas, doctoras, juezas, profesoras, ingenieras, atletas, activistas, políticas, periodistas, burócratas, empresarias, policías y miembros del ejército. Todo esto está ahora en grave peligro.
