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La comunidad internacional debe adoptar un plan sólido que garantice la justicia de las víctimas de la guerra de agresión rusa contra Ucrania, manifestó hoy Amnistía Internacional con motivo del primer aniversario de la invasión.
El 24 de febrero de 2022, las fuerzas armadas rusas iniciaron una invasión en gran escala de Ucrania que Amnistía International calificó de “un acto de agresión y una catástrofe para los derechos humanos”. Desde entonces, las fuerzas rusas han perpetrado crímenes de guerra y otras violaciones del derecho internacional humanitario, entre ellas ejecuciones extrajudiciales, ataques mortales contra infraestructura civil y lugares de refugio, deportaciones y traslados forzosos de civiles, y homicidios ilegítimos en gran escala cometidos mediante el bombardeo de ciudades.
Mientras que la invasión continúa y sigue sin conocerse todo el alcance de los crímenes cometidos en Ucrania, se debe dar prioridad a las peticiones de justicia y los derechos de las víctimas y sobrevivientes. La comunidad internacional tiene el claro deber de asegurarse de que los responsables de crímenes de derecho internacional sepan que la rendición de cuentas y la justicia triunfarán sobre la impunidad.
Desde el inicio del conflicto, Amnistía Internacional ha documentado crímenes de guerra, incluidos los ataques selectivos contra infraestructura civil esencial y el bloqueo de la ayuda humanitaria a civiles. En las zonas afectadas por el conflicto, la población civil ha estado expuesta a ataques constantes y con frecuencia ha sido privada de agua, electricidad y calefacción. A muchas personas residentes en zonas ocupadas por Rusia que siguen necesitando ayuda humanitaria o atención médica urgente se les niega el derecho a viajar a territorios controlados por el gobierno de Ucrania. Ya se han denunciado decenas de miles de casos de crímenes de guerra, incluidos delitos sexuales y de género, pero el número de víctimas del conflicto en curso será mucho mayor.
“El pueblo de Ucrania ha sufrido horrores inimaginables en esta guerra de agresión durante los últimos 12 meses. Vamos a decirlo con claridad: las manos de Vladimir Putin y sus fuerzas armadas están manchadas de sangre. Las personas sobrevivientes merecen justicia y reparación por todo lo que han soportado. La comunidad internacional debe mantenerse firme para llegar hasta el final y que se haga justicia. Ya ha transcurrido un año y está claro más allá de toda duda que hay que hacer más”, señaló Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
Derechos y necesidades de las víctimas
“Tras estallar el conflicto, innumerables seres humanos han quedado reducidos a daños colaterales. El impacto de un mortero no sólo desgarra el cuerpo, sino que acaba con los medios de vida, destruye infraestructura esencial y deja a muchas personas sin capacidad para existir entre los escombros de sus vidas anteriores”, manifestó Agnès Callamard.
La respuesta inmediata al conflicto ha sido positiva, incluidas varias investigaciones a nivel nacional e internacional de los crímenes de derecho internacional cometidos en Ucrania, pero la justicia integral sólo se logrará cuando se proporcione justicia y reparaciones significativas a las víctimas, y para ello es necesario que la comunidad internacional ofrezca un apoyo sólido y sostenido a los mecanismos de justicia existentes.
También se deben considerar nuevos mecanismos nacionales e internacionales. En este sentido, la decisión de marzo de 2022 del Consejo de Derechos Humanos de crear una comisión de investigación independiente sobre Ucrania ha sido recibida con satisfacción. En última instancia, esos mecanismos podrían reforzar la respuesta de la justicia internacional al gran número de casos de crímenes de guerra, así como al crimen de agresión, que la Corte Penal Internacional (CPI), debido a sus limitaciones jurisdiccionales, no puede investigar como tal.
“Además de garantizar la existencia de los mecanismos adecuados, debemos garantizar que los responsables de crímenes de derecho internacional declaren ante la justicia y afronten las consecuencias de sus actos inadmisibles, lo que incluye investigar a altos mandos militares y dirigentes civiles en relación con los crímenes de guerra y el delito de agresión en aplicación del derecho internacional”, manifestó Agnès Callamard.
Poner en pie este tipo de causas es complejo, pero es imprescindible que las investigaciones tengan en cuenta no sólo a los autores directos de bajo nivel, sino también a los que están más arriba en la cadena de mando. Con independencia de dónde se celebren los juicios, estos deben respetar las normas internacionales de derechos humanos y de justicia procesal, y otorgar plena participación y consideración a las personas supervivientes y sus necesidades.
La coordinación y el compromiso continuados son el único camino
“Desde Amnistía Internacional junto con otros grupos de la sociedad civil en todo el mundo hemos pedido actuar colectivamente por el bien común. Y en este caso más que nunca. Todas las instituciones y autoridades que persiguen la justicia internacional deben colaborar para compartir estrategias, conocimientos y capacidad. Éste no es momento de trabajar de manera aislada”, dijo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
La comunidad internacional debe apoyar investigaciones justas, efectivas e imparciales, y los Estados deben instar a Ucrania a ratificar el Estatuto de Roma —adecuando su legislación nacional a las normas jurídicas internacionales relacionadas con la justicia internacional— y a reforzar la cooperación con la CPI. Por último, la justicia para Ucrania exige que los países con estatutos de jurisdicción universal exploren cómo pueden ponerlos al servicio de la justicia para la población ucraniana.
Necesidad de apoyo humanitario
A la hora de ofrecer apoyo, la comunidad internacional debe determinar las necesidades específicas de los grupos de riesgo —como las mujeres, las personas ancianas, las personas con discapacidad y los niños y niñas—, y tener presente que muchas personas ucranianas, entre ellas niños y niñas, han sido deportadas de Ucrania a Rusia o trasladadas por la fuerza a zonas ocupadas por Rusia y no pueden regresar a su hogar en condiciones seguras. Estos grupos concretos deben figurar entre los prioritarios, y toda la asistencia humanitaria que se les preste debe adaptarse a sus necesidades específicas.
Asimismo, será esencial cooperar con las organizaciones de la sociedad civil ucranianas para priorizar las necesidades de las personas supervivientes y garantizar la distribución de la ayuda económica y humanitaria. La comunidad internacional debe velar por que esta colaboración se realice de forma que garantice la transparencia, la eficacia y la sensibilidad hacia las víctimas en todos los procesos centrados en la ayuda humanitaria, la recuperación, la justicia y la reparación.
En este sentido, Amnistía Internacional Argentina trabajó profundamente en la recepción de la familia Shaforostova que logró huir de la guerra en Ucrania y vivir a salvo en Buenos Aires. Larisa y su hija Sofía, de tan solo 4 años, junto a Illia de 16 años, tío de la niña, emprendieron una larga travesía marcada por las dificultades para escapar de las bombas y el desasosiego. Tras días sobreviviendo a bajas temperaturas, falta de alimento y ataques bélicos, la familia logró salir del territorio en conflicto y la organización fue clave en el apoyo de logística y documentación.
