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La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (Sala III) declaró válida la Resolución del Gobierno nacional que implementa el llamado “Protocolo Antipiquetes”. La decisión se tomó en el marco de una causa impulsada por Amnistía Internacional, el CELS, Sipreba y otras organizaciones, que habían solicitado su inconstitucionalidad.
El 29 de diciembre pasado, un juzgado de primera instancia había anulado la resolución. Sin embargo, tras la apelación del Estado nacional, la Cámara resolvió revocar ese fallo y confirmar la legalidad del protocolo.
La decisión judicial limita el derecho manifestarse públicamente. El fallo desconoce que participar de una protesta sin sufrir violencia, detenciones o criminalización forma parte de los derechos protegidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos.
La Cámara sostuvo que el derecho a la circulación prevalece sobre el derecho a protestar, pero no desarrolló una justificación concreta sobre esa prioridad. La falta de una ponderación adecuada entre ambos derechos vacía de contenido la posibilidad de las personas de reclamar ante las autoridades de manera pacífica.
Desde Amnistía Internacional Argentina señalan que: "Desde la implementación del protocolo en diciembre de 2023, se registraron múltiples episodios de represión desmedida. Durante 2024 y 2025 al menos 2500 personas resultaron heridas y otras 156 fueron detenidas por su participación en las protestas. Casos graves de uso desproporcionado de la fuerza resultaron en pérdidas oculares por impacto de balas de goma y otras lesiones severas. Resulta especialmente alarmante la validación judicial de un Protocolo cuya aplicación ha derivado, por ejemplo, en que el fotógrafo Pablo Grillo recibiera el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza por parte de un oficial de Gendarmería, lo que le provocó una fractura expuesta de cráneo".
En paralelo, el mismo día en que se conoció este fallo, la Sala II de la Cámara Criminal y Correccional Federal confirmó el procesamiento de un agente de la Policía Federal por agredir a una jubilada durante una manifestación en marzo de 2025. En esa resolución, el tribunal remarcó que los protocolos de actuación policial deben respetar la Constitución y los estándares de derechos humanos.
"La decisión de la Cámara no es definitiva. La validez del denominado “Protocolo Antipiquetes” aún puede ser revisada por la Corte Suprema de Justicia, y vamos a seguir impulsando acciones judiciales hasta que se garantice plenamente el derecho a la protesta. Su ejercicio no es una concesión del poder político, es una garantía constitucional que debe ser respetada y protegida”, afirmó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Datos sobre el protocolo
El Protocolo Antipiquetes —formalmente denominado “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación”— entró en vigencia el 15 de diciembre de 2023.
La normativa considera delito cualquier manifestación que afecte la circulación y habilita desalojos y detenciones sin orden judicial, lo que contradice estándares internacionales sobre el uso de la fuerza.
Diversos órganos y procedimientos especiales de los sistemas internacionales de derechos humanos – entre ellos la CIDH y Relatorías de la ONU han manifestado su preocupación por el impacto del Protocolo Antipiquetes sobre la libertad de expresión y reunión pacífica en Argentina.
