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Las autoridades colombianas deben poner fin a la represión de las manifestaciones, parar la militarización de las ciudades y asegurar que el respeto y garantía de los derechos humanos se encuentren en el centro de cualquier propuesta de política pública, incluyendo la reforma tributaria. Así lo afirmó Amnistía Internacional, tras publicar evidencia audiovisual del uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de la Fuerza Pública en el control de las manifestaciones, chequeada por su Cuerpo de Verificación Digital.
La organización destacó que las autoridades colombianas deben investigar de forma rápida, independiente e imparcial todas las denuncias de uso excesivo e innecesario de la fuerza contra manifestantes. La represión dejó como saldo decenas de personas muertas y heridas, detenciones arbitrarias, actos de tortura y violencia sexual, y denuncias de personas desaparecidas. Asimismo, Amnistía Internacional llamó a respetar la libertad de expresión y de prensa.
Cronología de los hechos
Desde el 28 de abril se vienen produciendo manifestaciones, en su mayoría pacíficas, en diferentes puntos del país en respuesta al proyecto de ley de reforma tributaria presentado por el presidente Iván Duque, las cuales han sido reprimidas, con frecuencia, de manera violenta.
El 1º de mayo, el presidente anunció la presencia militar en “los centros urbanos donde existe un alto riesgo para la integridad de los ciudadanos”; y afirmó: “quiero hacer una advertencia clara a quienes, por la vía de la violencia, el vandalismo y el terrorismo, pretenden amedrentar a la sociedad y piensan que por ese mecanismo doblegarán las instituciones”.
La organización de derechos humanos indicó que el descontento de la población por medidas económicas que no percibe como justas y que pueden poner en riesgo sus derechos humanos no debe ser calificado como “vandalismo y terrorismo”.
Al 3 de mayo, organizaciones de la sociedad civil denunciaron 26 personas muertas como consecuencia de la represión de la Policía Nacional y 761 detenciones arbitrarias. Asimismo, reportaron 142 víctimas de malos tratos, nueve víctimas de violencia sexual y 56 de denuncias de personas desaparecidas en el contexto de las manifestaciones. A lo anterior se suman denuncias de ataques contra periodistas, entre los que se destacan actos de violencia física, detenciones arbitrarias y eliminación de material periodístico.
