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Ante la situación de real desamparo a la que quedaron expuestos el día de ayer decenas de miles de vecinas y vecinos de la Ciudad de Buenos Aires y su Área Metropolitana al no poder retornar a sus hogares, ni concurrir a sus trabajos, estudios y obligaciones debido al colapso del sistema de transporte público a raíz del paro de trenes, el Defensor del Pueblo adjunto de la Ciudad de Buenos Aires Gerardo Gómez Coronado recordó que "si bien el Estado tiene la responsabilidad primaria e indelegable de garantizar el transporte y movilidad de los ciudadanos mediante un plan de contingencia tal como solicitó la Defensoría del Pueblo de la Ciudad mediante la Resolución 256/12, resulta imprescindible que los trabajadores de estos servicios públicos vitales, efectúen sus reclamos ejerciendo el legítimo derecho de huelga anunciando las medidas con una anticipación adecuada que permita organizar a los organismos gubernamentales las medidas necesarias para garantizar medios de transporte alternativos".
