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Amnistía Internacional realizó un pedido de información al Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objetivo de conocer mayores detalles sobre la asignación de dosis de vacunas contra el SARS-CoV-2 a entidades privadas de salud. La organización enfatiza que los Estados deben garantizar el acceso a la inmunización sin discriminación y en condiciones de igualdad para toda la sociedad.
“La igualdad y no discriminación debe ser el eje de toda respuesta a la pandemia. La situación económica de las personas no debe constituir nunca un obstáculo para acceder a la vacuna contra el COVID-19. Amnistía Internacional requirió mayor información a las autoridades porteñas, para monitorear el cumplimiento de los estándares de derechos humanos que imponen que los recursos sanitarios para enfrentar al COVID-19 sean accesibles, equitativos, inclusivos y no discriminatorios”, sostuvo la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski.
La solicitud de datos sobre el plan de vacunación en CABA fue realizada luego de conocerse presentaciones judiciales que sostienen que las autoridades podrían haber distribuido dosis de vacunas al sector privado de la salud para la aplicación a afiliados/as de ciertas obras sociales y prepagas.
En Argentina y el mundo, Amnistía Internacional viene señalando las obligaciones de derechos humanos de los Estados en relación con el diagnóstico, tratamiento y vacuna del COVID-19 a efectos de garantizar un acceso equitativo y sin discriminación a todas las personas, independientemente de su quiénes sean o cuánto puedan pagar.
“La pandemia tuvo un impacto desproporcionado en personas y comunidades que fueron históricamente marginadas y discriminadas. Los planes de vacunación deben incorporar perspectiva de derechos humanos para garantizar que las personas más necesitadas de la vacuna no vean limitado su acceso a ella”, alertó Mariela Belski.
Detalles del pedido de información
Amnistía Internacional solicitó a las autoridades de CABA información sobre los convenios firmados con entidades de la salud privada para la implementación de la vacunación contra COVID-19.
Asimismo, requirió detalles sobre la cantidad de dosis recibidas por la jurisdicción y cuántas fueron distribuidas a cada centro de salud. En ese sentido, se solicitó conocer los criterios para la asignación a establecimientos públicos y privados.
Por otra parte, se requirió detalles sobre el sistema de turnos para la vacunación contra el COVID-19 tanto el sistema público como privado de salud, indicando quienes acceden a ella, a través de qué plataformas y cuáles son los criterios para la asignación de las dosis a cada persona.
Finalmente, entre otras cuestiones, se pidió información sobre la existencia de un mecanismo de control y fiscalización para monitorear la implementación del Plan Estratégico de Vacunación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y así garantizar la transparencia y respeto por la priorización de grupos determinada en dicho Plan, incluyendo al sistema público y privado de la salud.
