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A un año de la declaración de la pandemia por el COVID-19, Amnistía Internacional lanza una campaña global para pedir el acceso universal de las vacunas contra el COVID-19. La organización denunció que, a causa del accionar de las empresas farmacéuticas y los países ricos, es probable que miles de millones de personas que pertenecen a los grupos prioritarios y las más vulnerables no reciban este año ni una sola dosis.
La campaña "Un pinchazo justo: acceso universal a las vacunas contra el COVID-19" impulsa que las empresas farmacéuticas compartan sus conocimientos y tecnología para elevar al máximo el número de dosis de vacunas disponibles en todo el planeta en el menor tiempo posible. Asimismo, pide a los Estados que dejen de practicar el “nacionalismo de las vacunas” y trabajen conjuntamente para garantizar el acceso inmediato de las personas más expuestas a contagiarse de COVID-19 a la inmunización contra el virus.
“Quién tiene acceso a la vacuna contra el COVID-19, cuándo y a qué precio son algunas de las cuestiones más importantes y controvertidas a las que se enfrentan hoy nuestras sociedades. Vemos con preocupación que las desigualdades globales en el acceso a las vacunas se están intensificando sin control. Un reducido número de países ricos encabezan la carrera, mientras el resto del mundo quedó marginado.”, sostuvo Mariela Belski directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Los países ricos ya compraron más de la mitad del suministro de vacunas del mundo, aunque representan sólo el 16% de la población mundial. Los mismos países administraron hasta ahora más del 60% de las dosis del mundo, mientras que en más de 100 países no se vacunó todavía ni a una sola persona.
¿Qué pedimos? Compartir conocimientos y tecnología para que todos accedan a la vacuna contra COVID-19
Hoy existen al menos dos iniciativas que podrían ayudar a que puedan producirse más vacunas y así llegar a más personas en el menor tiempo posible:
1. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció en mayo del 2020 el Acceso Mancomunado a Tecnología contra la COVID-19 (C-TAP) para que las empresas pudieran compartir datos y conocimientos, y después acordar licencias de producción y transferencias de tecnología a otros potenciales productores, con objeto de asegurar el acceso más rápido de la población a vacunas en cualquier lugar. Pero, hasta ahora, ni una sola empresa farmacéutica se adhirió al C-TAP.
Empresas como AstraZeneca, Moderna y Pfizer BioNTech, entre otras, se niegan a compartir sus investigaciones, conocimientos y tecnologías. Esto significa que otras farmacéuticas no pueden hacer uso de estos avances científicos para aumentar su propia producción de vacunas, lo cual incrementaría a su vez el suministro y las haría más accesibles.
2. Por otro lado, los gobiernos deben cumplir con sus obligaciones de derechos humanos y apoyar la propuesta de exención de ciertas disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC (acuerdo internacional que regula los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio) que suelen restringir dónde, cuándo y cómo se producen los medicamentos. Esta exención liberaría las protecciones de patentes y propiedad Intelectual que actualmente crean obstáculos para que otros fabricantes produzcan más vacunas contra la COVID-19. Sin embargo, aunque cuenta con el apoyo de la inmensa mayoría de países de ingresos bajos y medios, los Estados ricos continúan oponiéndose.
Hay una realidad y es que los Estados no están haciéndole saber a las empresas que su negativa a compartir la información mencionada genera profundas desigualdades entre países y comunidades. En ese contexto, se priorizan los acuerdos comerciales bilaterales por sobre garantizar que todas las personas en todos los países reciban el mismo trato para acceder a las vacunas. Conforme el derecho internacional de los derechos humanos, los Estados deben procurar que las Empresas farmacéuticas no violen derechos humanos.
Por eso, desde Amnistía Internacional estamos pidiendo que:
Las empresas compartan sus conocimientos y tecnología, de modo que se puedan producir vacunas de manera oportuna e igualitaria en todo el mundo.
Los Estados exijan a las empresas que cumplan con sus obligaciones y trabajen colectivamente para garantizar que las personas más expuestas en todo el planeta reciban la vacuna lo antes posible.
