política
Durante esta semana asumen las y los diputados y senadores electos el 14 de noviembre en el Congreso de la Nación. Ante esta renovación en nuestro Poder Legislativo, más de 40 organizaciones de la sociedad civil exigimos a las y los legisladores nacionales que de una vez por todas designen a una autoridad a cargo de la Defensoría del Pueblo.
"Tanto los nuevos diputados y senadores como quienes continúan en sus bancas deben superar las diferencias políticas y ponerse de acuerdo para saldar esta deuda con la sociedad que lleva más de 12 años. Como institución independiente con autonomía funcional, la Defensoría del Pueblo tiene la misión de hacer valer las leyes y la Constitución Nacional ante hechos, actos u omisiones de la Administración y tiene un rol clave para la defensa de los derechos de todas las personas".
Cómo se designa
Para su designación, ambas Cámaras deben seleccionar una candidata o candidato para ocupar el cargo con el voto de 2/3 partes de sus miembros. En más de 12 años, el Congreso no ha logrado ponerse de acuerdo y dejó a esta institución sin una autoridad que la lidere.
Uno de los principales inconvenientes que presenta la falta de su designación es que se limitan las acciones que puede llevar a cabo el organismo y su capacidad de gestión.
Campaña de la sociedad civil
Con el objetivo de exigirle al Poder Legislativo que cumpla con esta deuda que ya lleva más de una década, más de 40 organizaciones empapelaron los alrededores del Congreso de la nación con la campaña “Defensor/a del Pueblo YA”.
La campaña ya había tenido una primera etapa días antes de las elecciones. A través de diferentes comunicaciones, se visibilizó la importancia de este rol ante conflictos tales como desalojos, incremento de tarifas, problemas ambientales, represión, protesta social, la respuesta a la pandemia, entre otros.
El nuevo Congreso nacional debe estar a la altura de los compromisos que ha asumido. Durante 12 años no lo ha hecho. Es urgente la designación de una autoridad idónea, independiente y proactiva en la defensa de los derechos, a través de un procedimiento abierto y participativo.
