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Luego de conocerse públicamente casos donde personas que no pertenecían a grupos prioritarios accedieron a la vacuna contra el COVID-19, Amnistía Internacional realizó un pedido de información al Ministerio de Salud para conocer detalles sobre la distribución, criterios de asignación y aplicación de las dosis en todo el país. Además, solicitó una reunión con la ministra de Salud, Carla Vizzotti, para brindar aportes en la implementación del Plan de Vacunación con perspectiva de derechos humanos.
“En un contexto de escasez, el orden de vacunación debe seguir criterios que apunten a garantizar el derecho a la salud respetando los estándares de derechos humanos; las vacunas deben ser asignadas de forma transparente y estratégica respetando a los grupos prioritarios. Resulta inaceptable que sean destinadas a personas o grupos por motivos arbitrarios y opacos. Estos hechos generan desconfianza y pérdida de legitimidad de las decisiones del Estado y no pueden tolerarse. Se debe establecer un marco sólido de rendición de cuentas en caso de violaciones de los criterios de los planes de vacunación”, sostuvo la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski.
Amnistía Internacional se encuentra documentando y monitoreando el diseño e implementación de los planes de vacunación en el mundo y la región, con el objetivo de que garanticen el respeto y protección de los derechos humanos de todas las personas.
Los planes para la inmunización deben garantizar la disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad, aceptabilidad y calidad de los productos sanitarios contra la COVID-19 para toda la población, de acuerdo con los principios de transparencia, participación, rendición de cuentas, igualdad y no discriminación. Los Estados deben brindar toda la información necesaria y disponible de manera oportuna, transparente y accesible para permitir el escrutinio público.
"Resulta de vital importancia garantizar la participación activa, informada y efectiva de la sociedad en la adopción de decisiones. Las leyes, políticas y prácticas para la implementación del Plan Estratégico de Vacunación deben concebirse y aplicarse con la participación y seguimiento significativos de la sociedad civil que permitan su escrutinio”, agregó Mariela Belski.
Amnistía Internacional consultó detalles referidos al Plan Estratégico de Vacunación. Entre los puntos principales, la organización solicitó información sobre los criterios para la distribución de vacunas en cada una de las jurisdicciones del país, en relación con la cantidad de dosis asignadas a cada una de ellas.
Asimismo, la organización consultó los criterios para la asignación de dosis destinadas a funcionarios/as y/o trabajadores del Poder Ejecutivo y del Congreso de la Nación. Por otra parte, se pidió que el Ministerio de Salud indique si existe un sistema de asignación por fuera de los grupos prioritarios indicados en el Plan Estratégico de Vacunación para casos excepcionales y/o urgentes.
Amnistía Internacional también requirió información acerca de denuncias ante casos de asignación a personas que no integrarían el grupo prioritario que está recibiendo dosis contra COVID-19 actualmente.
Finalmente, entre otras preguntas, la organización pidió a las autoridades que informen si existe o se evalúa la creación de un mecanismo de control y fiscalización para monitorear la implementación del Plan Estratégico de Vacunación en cada una de las jurisdicciones para garantizar la transparencia y respeto por la priorización de grupos determinada en dicho plan.
