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Greenpeace calificó como acertada la decisión de derogar el decreto 591/2019 que flexibilizaba los requisitos para el ingreso de basura a nuestro país.
La organización sostuvo que este decreto no sólo era inconstitucional, ya que implicaba una clara violación al principio de no regresividad ambiental contemplado en el artículo 41 de la Constitución, sino que también era ilegal bajo el derecho internacional y suponía un riesgo para el ambiente, la salud y las fuentes de trabajo asociadas al reciclaje.
“Es una gran medida, Argentina no podía convertirse en el basurero del mundo. Lo que realmente hay que atender es el gran problema socio ambiental que generan los residuos en nuestro país. En la actualidad, no podemos gestionar los propios desechos que generamos, por lo que recibir más de otros países resultaría irrisorio”, sostuvo Leonel Mingo, coordinador de la campaña de clima y energía de Greenpeace Argentina.
La ONG, a su vez, consideró que se debe implementar un correcto tratamiento de residuos en el país, que incluya la separación, recuperación, reciclaje y compostaje; y que descarte técnicas nocivas para el ambiente y la salud, como la incineración de residuos.
“Experiencias de otros países nos demostraron que, si se avanzaba con este decreto, alrededor del 90% de estos residuos terminarían en rellenos sanitarios o en las plantas de incineración que el Gobierno de la Ciudad pretende instalar. Con o sin decreto, la incineración no es una medida viable que se sustente en la correcta gestión de residuos, sólo traerá más tóxicos y consecuencias nocivas para la salud de los vecinos”, agregó Mingo.
