jueves, 21 de septiembre de 2023

Presentan mapa interactivo global que revela la violencia del Estado contra quienes protestan de modo pacífico


internacional

Amnistía Internacional presentó un mapa digital interactivo que muestra el aumento exponencial de la represión y el uso ilegítimo de la fuerza por parte del Estado en todo el planeta. Ver el mapa.


La protesta pacífica es un derecho y los Estados tienen el deber de respetar, proteger y facilitarlo. Sin embargo, el mapa global, identifica las numerosas violaciones de derechos humanos contra las personas que protestan en más de 80 países, incluida la Argentina.

Según el seguimiento realizado por Amnistía Internacional, en 2022 hubo denuncias de uso ilegítimo de la fuerza a manos de las fuerzas de seguridad estatales contra personas que se manifestaban pacíficamente en al menos 86 de los 156 países examinados en su Informe Anual. En 37 países, las fuerzas de seguridad usaron armas letales contra manifestantes a pesar de que las armas de fuego no son adecuadas para el control de multitudes y de que la policía no debe usarlas nunca para dispersar una reunión.

El mapa, que es parte de la campaña global Protejamos la Protesta, muestra que los gobiernos perciben a las protestas como una amenaza y que los policías creen que su papel es reprimir y someter a quienes protestan. Como consecuencia, miles de personas son dispersadas ilegítimamente, arrestadas, golpeadas e incluso asesinadas durante manifestaciones. También se enfrentan a consecuencias devastadoras después, sólo por participar en protestas.

El mundo

En todo el mundo, la investigación de Amnistía Internacional revela que las personas que protestan son detenidas arbitrariamente en más del 50% de los países cubiertos en su Informe Anual.

En Irán, las autoridades han dado muerte ilegítimamente a cientos de personas y detenido de forma arbitraria a decenas de miles, menores de edad entre ellas, para aplastar sucesivas oleadas de protestas en todo el país. Innumerables personas que protestaban han sido asimismo sometidas a tortura y otros malos tratos, entre ellos violencia sexual, bajo custodia, incluso las que fueron condenadas a muerte tras juicios farsa manifiestamente injustos y ejecutadas arbitrariamente después.

En China, es imposible protestar pacíficamente sin sufrir hostigamiento y procesos judiciales, y un enorme número de activistas están en prisión por expresar su opinión. La lista de activistas —y de países— bajo amenaza sigue aumentando. Quienes se atreven a protestar corren el riesgo de perder su derecho a la educación y a la vivienda.

En India, por ejemplo, las autoridades han recurrido a armas de fuego, gas lacrimógeno, cargas con porras, cierres de Internet e incluso desalojos forzosos contra quienes protestan contra el gobierno.

Recientemente, en Perú, el uso ilegítimo de fuerza letal por las fuerzas de seguridad causó 49 muertes durante las protestas.

Argentina

En el caso de Argentina el mapa destaca la represión a la protesta social en Jujuy (cabe aclarar que el pin es a modo ilustrativo, esta ubicado en el centro del país).

Entre el 11 y 13 de julio se ordenaron y comenzaron a ejecutarse al menos 40 detenciones y allanamientos en las ciudades de Humahuaca y San Salvador. Entre las personas detenidas se encontraba Alberto Nallar, un defensor de derechos humanos con un rol muy activo durante las protestas en la provincia que vienen llevándose a cabo desde el 15 de junio. El abogado fue detenido el jueves 13 de julio y acusado del delito de sedición. Por el caso de Nallar, la organización activó una petición global. Actualmente está libre.

“Este mapa global representa la escala generalizada de la represión y las restricciones que afrontan en todo el mundo quienes protestan. La tendencia es tan amplia que atraviesa a los 5 continentes y llega a la Argentina. La actuación policial en las protestas es violatoria de los derechos humanos lo que es enormemente preocupante pues las fuerzas ponderan la violencia por sobre la garantía de escuchar qué es lo que la sociedad tiene para decirle a sus gobernantes”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

Uso indebido de armas menos letales

El mapa digital interactivo, el primero de este tipo, revela el número de países que hacen un uso indebido de armas menos letales como gas lacrimógeno, balas de goma, aerosoles de pimienta y porras para hostigar, intimidar, castigar o dispersar a manifestantes, reprimiendo su derecho de reunión pacífica. A pesar del uso generalizado e indebido de armas menos letales, no hay un control global de la producción, comercio y uso de estas armas. Este mapa pone de relieve la necesidad de un tratado internacional para regular el comercio de material de control policial con el fin de garantizar que las armas menos letales no terminan en manos de fuerzas policiales abusivas.

Legislación vigente

Además de indicar los países donde las personas que protestan sufren abusos y el tipo de amenazas que afrontan, el mapa detalla la legislación vigente sobre protestas, publicaciones de la ONU pertinentes y sentencias de tribunales internacionales, y explica cómo puede emprender la acción la ciudadanía. Actualizado en tiempo real, ofrece un panorama escalofriante de la realidad cotidiana de quienes protestan en todo el mundo.

Está ampliamente reconocido que el derecho a la protesta fue restringido de forma significativa durante la pandemia de COVID-19, dado que, en la mayoría de los países, se prohibieron en general las reuniones por motivos de salud pública. Algunos Estados, sin embargo, usaron la pandemia como pretexto para limitar aún más las reuniones o introducir restricciones desproporcionadas. Según la Iniciativa de Medición de los Derechos Humanos, muchos países tuvieron dificultades para recuperarse.

Amnistía Internacional concluye que exponer las violaciones de derechos humanos en un mapa permite visualizar y hacer un seguimiento de la escala global del problema. Además, exhibe a los gobiernos que no protegen el derecho a la protesta y ayuda a exigir cuentas a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley por los abusos alarmantes que cometen en sus esfuerzos por aplastar las manifestaciones. Finalmente, la organización llama a los gobiernos a que hagan una revisión sustancial y urgente de su enfoque, detengan la violencia y garanticen las protestas pacíficas.