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Avanza un pedido a la justicia para que anule el nombramiento de dos varones por inconstitucional.
La justicia federal aceptó su competencia para dar trámite a la demanda de la Red Mujeres para la Justicia -integrada por juezas y funcionarias judiciales de distintos fueros y tribunales del país- que solicitó la inconstitucionalidad de la propuesta del Poder Ejecutivo de designar dos varones más en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por violar sus obligaciones convencionales, constitucionales y reglamentarias.
El Estado Nacional y el Senado deberán producir en el plazo de tres días "un informe dando cuenta del interés público comprometido por la solicitud”. Esto quiere decir que la justicia espera las explicaciones pertinentes para decidir si dicta o no una medida cautelar frente al amparo solicitado por la inconstitucionalidad de los pliegos.
La demanda se presentó el pasado martes en representación de un amplio colectivo integrado por todas las mujeres abogadas, juezas, funcionarias judiciales y de los ministerios públicos fiscales y de la defensa que reúnen las condiciones para ser magistradas de la Corte, con lo cual se abre una nueva oportunidad para que la justicia haga valer el compromiso que asumió el Estado con la igualdad.
Actualmente, el máximo tribunal está integrado completamente por varones. Frente a este
escenario, la propuesta de designación profundiza la subrepresentación estructural de las
mujeres, en una clara violación al derecho de igualdad real entre varones y mujeres, y con serio
impacto en la calidad democrática de nuestras instituciones. Por eso, además de cuestionar la
propuesta, las juezas pidieron a la Justicia que ordene al Senado que no comience con el análisis
de estos pliegos hasta que el planteo sobre la inconstitucionalidad de los nombramientos se
resuelva, ya que avanzar en ese proceso sería convalidar un acto manifiestamente
inconstitucional.
En 162 años de historia, solo tres mujeres (frente a 104 hombres) lograron alcanzar el cargo de
jueza de la Corte Suprema. Frente a ello, es un deber del Poder Ejecutivo promover mujeres para
la Corte que reúnan las altísimas cualidades, idoneidad y compromiso con los derechos que se
requieren para semejante función. Así lo ordenan el Decreto 222/03 y la normativa
constitucional y convencional vigente (artículos 16, 75 inc. 22 y 23 de la Constitución Nacional
y artículos 1, 2, 5 y 7 inc. b de la CEDAW); sin embargo, el Ejecutivo le pidió al Senado que
preste el acuerdo para sumar dos varones más a los tres con los que quedará integrado el
tribunal a fin de año.
Pese a que cientos de organizaciones, asociaciones judiciales y académicas y colegios
profesionales impugnaron los nombramientos por este motivo, los reclamos no fueron
atendidos. En los mensajes de elevación de los pliegos, el Ejecutivo consideró que integrar el
tribunal con una composición de género diversa era una “exigencia que, en la medida de lo
posible, corresponde ser tenida en cuenta, pero que de ninguna manera resulta excluyente”
para la postulación de los candidatos. La respuesta es errónea: una integración paritaria de la
Corte Suprema y el acceso a cargos públicos, especialmente en órganos jerárquicos y de poder,
son derechos políticos de las mujeres y el Estado tiene la obligación de hacerlos efectivos.
¿Cómo? Empezando por postular y seleccionar mujeres para los cargos vacantes, cada vez que
tenga la oportunidad de hacerlo en un órgano mayoritariamente integrado por varones, como sin
duda ocurre ahora en el máximo tribunal.
"La discriminación estructural e histórica de las mujeres en la sociedad les ha impedido el acceso
a los puestos de mayor jerarquía en el Estado en general, en el Poder Judicial en particular, y más
específicamente en la Corte. Pese a que, en el sistema judicial argentino, el 57% del personal
del Poder Judicial está conformado por mujeres, ellas ocupan solo el 31% de los cargos de
magistrados y magistradas de la justicia nacional y federal y solo el 29% de las máximas
autoridades del Poder Judicial" señalaron en un comunicado.
La causa fue presentada el 18 de junio de 2024, trámita bajo el número CAF 10637/2024 y quedó
radicada ante el Juzgado No. 8 en lo Contencioso Administrativo Federal, a cargo de la Dra.
Cecilia Gilardi Madariaga de Negre. La acción cuenta con el respaldo de Amnistía Internacional,
ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género y el Centro para la Justicia y el Derecho
Internacional (CEJIL).
