sociedadAmnistía Internacional advierte sobre la profundización del desmantelamiento de políticas públicas destinadas a prevenir y erradicar la violencia de género. Los recortes, la eliminación de programas clave y la ausencia de presupuesto especifico, agravan un escenario crítico en un país, donde, según la Defensoría del Pueblo de la Nación, ocurre un femicidio cada 35 horas.
Desde diciembre de 2023, la gestión encabezada por el presidente Javier Milei ha desarticulado de manera sistemática las instituciones, programas y marcos normativos diseñados para garantizar y proteger los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTI+. Por primera vez en casi cuatro décadas, la Argentina carece de un organismo con competencias específicas para la atención y prevención de la violencia de género , lo que deja a miles de personas sin contención, acompañamiento ni protección estatal señalan desde la Ong.
A pesar de la magnitud del problema, el presupuesto para los principales programas destinados a prevenir y atender la violencia de género se redujo en un 89% desde 2023 y se eliminaron 13 programas claves, entre ellos, los de apoyo urgente frente a violencias extremas por motivos de género y el Programa Acercar Derechos (PAD) un dispositivo clave para garantizar el acceso a la justicia, que entre julio de 2023 y febrero de 2024 brindó asistencia jurídica y psicosocial a 59.032 mujeres y diversidades.
“Lo que pasa en Argentina no es un caso aislado: forma parte de una ofensiva global, organizada y bien financiada, que busca frenar los avances en los derechos de las mujeres y diversidades. Es un movimiento que intenta devolvernos a los roles de cuidado y a la función reproductiva, negando la desigualdad que vivimos todos los días. Estos retrocesos no son accidentales: responden a una agenda internacional que quiere borrar conquistas que costaron décadas.”, expresó Mariela Belski directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
La Línea 144 y el Programa Acompañar, en retroceso
La línea 144, que fue creada específicamente para atender a mujeres en situación de violencia de género, fue transformada a un servicio genérico que atiene a “cualquier persona en situación de violencia”, conforme información suministrada por el Ministerio de Justicia de la Nación. Esto desdibuja su especificidad como política pública diseñada para abordar la violencia de género contra las mujeres.
Esta redefinición se inscribe en un marco más amplio: los discursos públicos de las máximas autoridades del gobierno que niegan la violencia de género como una problemática estructural, lo cual implica un retroceso significativo en los compromisos estatales para prevenir, sancionar y erradicar estas violencias.
Entre 2019 y 2023, la línea 144 intervino en más de 93.000 casos de violencia de género. A pesar de esa demanda sostenida, entre el primer semestre de 2024 y el primer semestre de 2025 se registró una disminución del 32% en la cantidad de comunicaciones por violencia, lo cual es consistente con el debilitamiento institucional del dispositivo. En 2024, la Línea perdió dos tercios de su presupuesto y en el proyecto de presupuesto 2026, se eliminó su partida específica, lo que impide saber cuántos recursos se le asignarán. A su vez, se redujo un 45 % su planta de trabajadoras y en algunos turnos críticos, ya no hay equipo de Acompañamiento Integral.
El Programa Acompañar, que desde su creación en 2020 brindó ayuda económica y apoyo a 350.000 mujeres en situación de riesgo para facilitar su salida de relaciones violentas, hoy atraviesa una situación crítica: su alcance se redujo, se restringieron las condiciones de acceso y su presupuesto cayó un 90% en 2024 respecto del año anterior. Esta combinación de recortes y restricciones deja a miles de mujeres sin una herramienta estatal esencial para proteger su vida y recuperar su autonomía.
La falta de acceso a los derechos sexuales y reproductivos otra manifestación de la violencia
Amnistía Internacional advierte sobre el alarmante aumento de las barreras que enfrentan las personas en Argentina para acceder a la interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE). En lo que va del año, la organización recibió el triple de denuncias por obstáculos en el acceso al aborto que en todo 2024. Este aumento se produce en un contexto donde el Estado nacional no adquirió ni distribuyó insumos esenciales para garantizar la IVE/ILE en 2024 y 2025.
La distribución de métodos anticonceptivos, anticonceptivos de emergencia y test de embarazo cayó un 81 % entre 2023 y 2024 a pesar de ser esenciales para que las mujeres puedan decidir si tener hijos o no, cuándo y cuántos. Este retroceso agrava las desigualdades territoriales: el acceso a derechos fundamentales depende hoy del lugar de residencia.
Asimismo, el Plan ENIA (Embarazo no intencional en la adolescencia) que logró reducir el embarazo adolescente en casi la mitad desde su creación en 2018, fue desmantelado y para 2026, quedó sin financiamiento. Según ACIJ, en 2026 se ejecutaría menos del 3 % de lo invertido en 2023. En paralelo, se eliminaron metas de asesoramiento a adolescentes, capacitación docente en ESI y distribución de medicación para IVE: sin presupuesto, miles de personas pierden la posibilidad de decidir sobre su propio proyecto de vida, en un país en que cada hora cinco niñas y adolescentes se convierten en madres.
Violencia digital: un fenómeno en aumento
La violencia de género en entornos digitales —acoso, hostigamiento, doxing, difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, deepfakes— se ha incrementado de forma pronunciada. Este fenómeno expulsa voces del debate público, vulnera derechos y requiere respuestas institucionales específicas.
Amnistía Internacional observa un incremento de ataques contra periodistas, voceras y comunicadoras, especialmente aquellas que informan sobre género, aborto y femicidios. Esta violencia genera autocensura, afecta la libertad de expresión y horada el debate público, tal como relevó un informe de Amnistía Internacional Argentina.
En una audiencia reciente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) , Amnistía Internacional, junto a un conjunto de organizaciones de la sociedad civil, denunció un contexto alarmante de hostigamiento estatal hacia periodistas en Argentina, incluyendo agresiones físicas, campañas de difamación, uso de inteligencia artificial para generar ataques, demandas judiciales contra la participación pública (Slapps) y amenazas que incluso alcanzaron a familiares. Las mujeres periodistas enfrentan una violencia diferenciada, orientada a deslegitimar su presencia en el espacio público.
En este contexto, la periodista Julia Mengolini denunció ante la CIDH haber sido blanco de una campaña de difamación y violencia digital sin precedentes en su contra, marcada por la difusión masiva de fake news, mensajes sexualizados, amenazas y expresiones de odio. Lejos de frenar esa violencia, el presidente de la Nación la amplificó, dedicándole casi 100 mensajes a través de la red social X . Los ataques tuvieron un fin claro: silenciar y expulsar a una voz crítica del debate público.
“Cuando las víctimas son mujeres, la violencia toma formas específicas: insultos sexualizados, ridiculización física y amenazas a la familia. En última instancia, el mensaje implícito es recordarles que, pese a su rol profesional y su relevancia pública, su lugar sigue siendo el de objeto de deseo o de burla. Es una estrategia para deslegitimar y silenciar su labor periodística.” expresó Lucila Galkin, directora de género y diversidad de Amnistía Internacional Argentina.
Si bien estos ataques existen bajo distintos gobiernos, Amnistía Internacional alerta por su intensificación bajo la administración actual. Cuando provienen de altas esferas del poder, el impacto es mayor debido a la asimetría y a la amplificación del daño.
