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Se realizó la Marcha del Orgullo en la Ciudad de Buenos Aires y Amnistía Internacional advierte sobre un retroceso acelerado en los derechos de las personas LGBTI+ y reafirma su compromiso con la igualdad, la diversidad y la libertad.
Desde diciembre de 2023, el país atraviesa un proceso de regresión institucional y discursiva desde las más altas esferas del poder, que pone en riesgo los avances logrados en materia de género y diversidad. El nuevo informe de Amnistía Internacional titulado "La ofensiva contra los derechos LGBTI+ en Argentina" documenta cómo las narrativas de odio se han traducido en medidas concretas que desmantelan estructuras estatales de protección e inclusión y en un clima de mayor hostilidad.
“Esta ofensiva no es exclusiva de Argentina. A nivel global, se constata una reacción organizada contra el avance de los derechos humanos, especialmente aquellos vinculados a la igualdad de género y la diversidad sexual. Este fenómeno, conocido como backlash, no es un hecho aislado, sino una respuesta reactiva, coordinada y bien financiada, con vínculos institucionales e ideológicos, frente al progreso de agendas que históricamente han desafiado los privilegios y estructuras de poder en torno al género y la sexualidad”, expresó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
La organización internacional de derechos humanos ha registrado que, en distintos países del mundo, el uso de estas estrategias se ha intensificado. Gobiernos que van desde Polonia a Estados Unidos, el Reino Unido a Hungría, Paraguay o Perú adoptaron medidas regresivas excusándose en la “defensa de la familia”, la “protección infancias” o “los valores tradicionales”: desde el endurecimiento de penas contra las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo, restricciones al uso del espacio cívico o la criminalización de la visibilidad LGBTI+, eliminación de contenidos educativos, la negación del derecho a la identidad de género o la obstaculización del acceso a derechos fundamentales.
Desmantelamiento de políticas públicas y narrativas regresivas
El informe detalla el retroceso en políticas públicas en Argentina durante los últimos años: la eliminación de las instituciones estatales destinadas a abordar la violencia de género y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género son decisiones que reflejan la ausencia estatal a la hora de garantizar respuestas integrales frente a la violencia y la discriminación. Además, el desfinanciamiento de la Educación Sexual Integral (ESI) y la modificación del artículo 11 de la Ley de Identidad de Género por decreto, el cual restringe el acceso a la salud de adolescentes trans, constituyen graves regresiones en materia de derechos humanos.
Estas decisiones, acompañadas de discursos estigmatizantes , configuran una agenda oficial que patologiza las identidades diversas, y envían un mensaje que naturaliza y habilita la discriminación y la violencia hacia las personas LGBTI+.
La organización también relevó casos de violencia hacia personas LGBTI+ en un contexto de discriminación a la orientación sexual e identidad de género, que dejan al descubierto el aumento de la violencia sistemática contra la diversidad. Solo en los primeros seis meses de 2025, el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBTI+ registró un 70% más casos (102) que durante el mismo periodo del año anterior.
Casos como el crimen de Barracas de mayo de 2024 , donde tres mujeres lesbianas fueron asesinadas y solo Sofía sobrevivió, o los ataques contra activistas y funcionarios LGBTI+, muestran el impacto directo de la deshumanización promovida desde el discurso público.
Un llamado urgente desde el Orgullo
Amnistía Internacional participó en la 34va Marcha del Orgullo del 1° de noviembre para exigir el restablecimiento inmediato de las políticas públicas de igualdad, el fin de los discursos de odio y la garantía efectiva de los derechos humanos para todas las personas.
Crímenes contra la diversidad sexual, como el de Barracas y todas las agresiones contra las personas LGBTI+ por el hecho de serlo, no pueden quedar en la impunidad . El Estado debe prevenir la violencia, investigar con debida diligencia reforzada los crímenes motivados por prejuicio, y asegurar justicia y reparación integral para las víctimas y sus familias.
La organización reitera que la defensa de los derechos LGBTI+ es un pilar fundamental para una sociedad plural y diversa, y que la protección estatal frente a la discriminación, la violencia y la exclusión es una obligación ineludible.
