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En el marco del Día Internacional de las Mujeres, Amnistía Internacional expresa su preocupación por el debilitamiento de políticas públicas fundamentales para garantizar los derechos humanos de las mujeres y diversidades, en un contexto marcado por retrocesos en la prevención de la violencia de género, restricciones en el acceso a la salud sexual y reproductiva y reformas laborales sin perspectiva de género.
En 2025 se registró una víctima de femicidio cada 35 horas en el país, según el Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación. En los primeros meses de 2026, la tendencia se agravó: se registra un femicidio cada 25 horas, de acuerdo con relevamientos de la sociedad civil.
Pese a este escenario preocupante, el gobierno nacional ha debilitado y eliminado programas centrales de prevención y asistencia . La Línea 144 —que entre 2019 y 2023 intervino en más de 93.000 casos— perdió su partida presupuestaria específica y redujo un 45% su planta de trabajadores, afectando incluso turnos críticos donde ya no hay equipos completos de acompañamiento integral.
El Programa Acompañar, que desde su creación asistió a más de 350.000 mujeres en situación de violencia, también redujo su alcance y ahora exige una denuncia judicial previa para acceder al apoyo económico.
En febrero de 2026, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de Naciones Unidas advirtió sobre graves retrocesos en Argentina desde fines de 2023 y expresó alarma por el cierre y la degradación de instituciones clave, la fragmentación institucional, la reducción presupuestaria en políticas de prevención de la violencia de género, el debilitamiento de la Educación Sexual Integral y el desmantelamiento del Plan ENIA.
“Estos retrocesos no son casuales ni aislados: responden a una estrategia global que usa a la Argentina como laboratorio de políticas regresivas y convierte a los derechos de las mujeres en el blanco de una confrontación política. El Comité CEDAW ya lo advirtió y activó un seguimiento prioritario: el Estado está incumpliendo obligaciones internacionales y deberá rendir cuentas con medidas concretas”, advirtió Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Amnistía Internacional alerta sobre el desmantelamiento sostenido de las políticas de salud sexual y reproductiva. Desde 2023, el gobierno nacional dejó de comprar y distribuir insumos esenciales para garantizar el derecho al aborto, lo que profundiza las desigualdades territoriales y pone en riesgo la vida y la salud de mujeres y personas gestantes.
Además, la distribución de métodos anticonceptivos, anticoncepción de emergencia y test de embarazo cayó drásticamente: entre 2023 y 2024 se redujo en un 81%. A ello se suma que en 2025 el Estado Nacional no distribuyó preservativos en un contexto en el que la sífilis alcanzó récords históricos.
Al mismo tiempo, se debilitaron las campañas de información y prevención y se desfinanció el Plan Nacional ENIA (Embarazo no Intencional en la Adolescencia), que había contribuido a reducir en un 50% la tasa específica de embarazo adolescente entre 2018 y 2023.
En un contexto en el que la razón de la mortalidad materna aumentó un 37% respecto de 2023 , el Estado no solo incumple su obligación de garantizar el derecho al aborto; también se desentiende de implementar políticas de información, prevención y educación en salud sexual y reproductiva, poniendo en riesgo la autonomía, la salud y, en muchos casos, la vida de niñas, adolescentes y mujeres.
En el marco del 7 de marzo, día de la Visibilidad Lésbica , Amnistía Internacional también alerta sobre la brutalidad de la violencia hacia lesbianas y personas LGBTI+. En 2024 se registraron 140 crímenes de odio contra personas LGBTIQ+ y, en el primer semestre de 2025, los casos aumentaron un 70% respecto del año anterior. Este escenario de violencia ocurre en paralelo a una regresión acelerada en derechos desde diciembre de 2023, marcada por el desmantelamiento de políticas y programas específicos y por el aumento de discursos que patologizan o deshumanizan a la diversidad sexo-genérica, incluso desde autoridades estatales.
Pronto se cumplirán 2 años desde el crimen de Barracas de 2024 contra cuatro mujeres lesbianas motivado en la orientación sexual de las víctimas. Pamela, Sofía y Andrea fallecieron como consecuencia del ataque y solo Sofía Castro Riglos sobrevivió. Este crimen sucedió en un contexto de creciente discriminación hacía las personas LGBTI+ amplificado desde las máximas autoridades y las víctimas continúan reclamando justicia y reparación.
