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La investigación señala problemas con el diseño de los exámenes escritos, la escasa celeridad de los procedimientos, la falta de un comité evaluador imparcial para evaluar las impugnaciones, entre otros.
La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) presenta un informe en el cual analiza el proceso de selección de fiscales del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
Las fiscalías cumplen un rol trascendental en la administración de la justicia. Los fiscales promueven la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad. Teniendo en cuenta la importante labor que desempeñan, es necesario que los procesos de selección de fiscales sean adecuados para elegir a candidatos idóneos e independientes. Además de rigor en la selección, los concursos deben ser transparentes y garantizar que terceros ajenos al concurso puedan verificar su imparcialidad.
Este informe se complementa con un informe de la ADC publicado en enero de este año en el cual se advirtió que el 28% de los fiscales del Ministerio Público de la Nación son subrogantes. También, se analizaron las designaciones de fiscales titulares, haciendo hincapié en la duración de los concursos públicos para acceder a estos cargos, tanto en la etapa ante la Procuración General como en el Poder Ejecutivo de la Nación.
En esta oportunidad, la investigación de la ADC se focalizó en las principales etapas del concurso público para acceder a los cargos, es decir, la etapa del examen escrito y la etapa de evaluación de antecedentes que se desarrolla ante la Procuración General. La ADC identificó problemas que afectan la celeridad y la transparencia en los procesos de selección.
En ese sentido, algunas de las conclusiones indican que:
El Tribunal de Evaluación, órgano encargado de la evaluación de las etapas del concurso de oposición y antecedentes, tiene problemas en su composición relacionados con su capacidad de asegurar la imparcialidad de sus miembros.
Los exámenes orales presentan serios problemas en torno a la transparencia del proceso, en tanto no existen grabaciones de los mismos.
En cuanto a los exámenes escritos, se debería mejorar el diseño y la corrección. Asimismo, se debería impulsar la publicidad de los exámenes.
Con respecto a la evaluación de antecedentes, es necesario crear un registro público de dichas evaluaciones y reconsiderar ciertos criterios de valoración.
En la etapa de impugnaciones, es necesario que exista un grupo distinto al Tribunal de Evaluación que se encargue de evaluar las impugnaciones de los concursantes.
