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El Poder Ejecutivo porteño presentó ante la Legislatura un proyecto de reforma integral del Código Contravencional y de Procedimiento. Los principales aumentos en multas y arrestos, la incorporación de delitos digitales y las objeciones planteadas por especialistas y sectores sociales.
El Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, envió a la Legislatura un proyecto de reforma al Código Contravencional (Ley 1.472) y de Procedimiento (Ley 12) para endurecer penas, sumar faltas e incluir a adolescentes de 14 a 17 años en sintonía con la Ley Penal Juvenil.
La propuesta eleva los montos y días de arresto. En casos de alcoholemia, las multas superarán los 7 millones de pesos, con hasta 30 días de detención e inhabilitación por 4 años. Para la venta informal masiva no autorizada en el espacio público, los máximos llegarán a 58 millones de pesos, mientras que los cuidacoches reincidentes podrán recibir hasta 90 días de arresto y los ruidos molestos multas de hasta 700 mil pesos.
Además, incorpora faltas digitales e inconductas urbanas como el acecho, la estafa de claves o tokens, la venta de datos, la interferencia de señales y la evasión del pago en el transporte público (como saltar molinetes). También sanciona la suplantación de agentes oficiales, los daños a cámaras de videovigilancia (hasta 4,6 millones de pesos) y la portación de elementos para provocar disturbios —como piedras, palos o pirotecnia en manifestaciones— con penas de hasta 9,3 millones de pesos o 45 días de arresto.
El proyecto cosecha fuertes críticas de sectores jurídicos, políticos y sociales. Quienes se oponen denuncian un enfoque excesivamente punitivo y recaudatorio que prioriza las sanciones antes que la prevención. Advierten además sobre la criminalización de la economía popular sin alternativas laborales, el posible retroceso en garantías para los adolescentes y el riesgo de un uso discrecional por parte de las fuerzas de seguridad ante la redacción de ciertas faltas.
