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Amnistía Internacional denuncia el uso peligroso e inadecuado de material antidisturbios, golpes a personas indefensas que no ofrecían resistencia, y pide una investigación exhaustiva, rápida e imparcial sobre los hechos ocurridos en Cataluña.
Miembros de la Policía Nacional y agentes la Guardia Civil usaron de forma excesiva y desproporcionada la fuerza contra personas que pasivamente se resistían, en la calle y a la puerta de centros de votación, al cumplimiento de la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ordenaba a las fuerzas de seguridad impedir la celebración de un referéndum.
El Ministerio del Interior informó que las fuerzas de seguridad intervinieron y clausuraron 92 centros de votación. Según datos de la Generalitat, el total de colegios electorales era de 2.315, de los cuales 400 fueron cerrados por mandato judicial.
Desde hace varios días, una delegación de Amnistía Internacional se encuentra monitoreando la situación en Cataluña. Hasta el momento, 893 personas resultaron heridas.
Qué dice el derecho internacional
Bajo el derecho internacional, los agentes encargados de hacer cumplir la ley pueden usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesaria para el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas. Las actuaciones para garantizar el cumplimiento del mandato del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña debe estar en línea con los estándares internacionales sobre uso de la fuerza. Amnistía Internacional considera que en muchos casos, los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil hicieron uso desproporcionado de la fuerza.
“Tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil fueron obstaculizadas en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, imágenes, testimonios y mucha información disponible confirma que los agentes hicieron un uso peligroso, excesivo y desproporcionado de la fuerza. Desde Amnistía Internacional exigimos una investigación rápida e imparcial que dé con los responsables de esta brutal represión”, señaló Amnistía Internacional.
La organización exige que se abra con urgencia y sin demora una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial por parte de las autoridades españolas, sobre el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza de miembros de la policía nacional y la guardia civil.
Todo uso de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe llevarse a cabo de modo que cumplan con el derecho y las normas internacionales y ser objeto de revisión. Si la investigación concluye que hubo un uso excesivo de la fuerza, los responsables deben ser sometidos a los procedimientos penales o disciplinarios oportunos. El uso abusivo de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe tratarse como un delito.
