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Jorge Martín Gómez falleció el lunes 19 de agosto tras recibir una patada de un agente de la fuerza de seguridad de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Amnistía Internacional condenó el episodio y llama a las autoridades a adoptar las medidas necesarias para investigar los hechos y en base a ello determinar las responsabilidades en el caso.
De acuerdo al derecho internacional, el Estado debe garantizar: que el uso de la fuerza sólo será utilizado como último recurso y de manera excepcional; que se garanticen las normas de proporcionalidad y necesidad en relación con la amenaza; que se respeten las garantías constitucionales y de derechos humanos para la protección de la vida de las personas.
Asimismo, el Estado debe asegurar que ante un supuesto uso arbitrario de la fuerza por parte de la Policía, se investigue en forma rigurosa y se castigue como delito.
La invocación del uso de armas de electrochoque tipo Taser en contextos como el ocurrido, refuerzan la necesidad de capacitar tanto a funcionarios como a fuerzas de seguridad para que estén en condiciones de evaluar situaciones que justifiquen una intervención, como así también valorar las amenazas existentes y en función de ello, dirimir las respuestas para garantizar que el uso de la fuerza sea siempre el último recurso y se implemente en proporción directa a dicha amenaza.
Amnistía Internacional ha advertido que este tipo de armas eléctricas solo deberían utilizarse en situaciones extremas y limitadas -cuando exista un peligro inminente de muerte o de lesiones graves- como sustituto de las armas letales y únicamente por personal de las fuerzas de seguridad capacitado.
Por lo tanto la organización señaló que dará seguimiento a las medidas adoptadas para garantizar una investigación imparcial e independiente.
