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Amnistía Internacional exigió al Estado argentino que no separe a una mamá de sus hijos. Liz Moreta llegó a Argentina desde República Dominicana hace más de 14 años.
El 17 de noviembre de 2006, recibió una condena a la pena de 4 años y 6 meses de prisión por contrabando de estupefacientes. Ahora, 10 años después de haber cumplido su condena, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) la quiere expulsar del país y separar de su esposo y sus tres hijos de 13, 8 y 5 años, todos ciudadanos argentinos.
En 2007 la Dirección Nacional de Migraciones ordenó la expulsión de Liz, quien interpuso un recurso en el que manifestó su voluntad de permanecer en el país. En 2016, casi 10 años después, la DNM rechazó este recurso. Contra esta decisión, Liz elevó la queja al secretario del Interior, pero fue desestimada. Agotada la vía administrativa, durante este año Moreta insistió ante la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal pero no tuvo éxito. El pasado 22 de agosto, finalmente, la Cámara Contencioso Administrativo Federal le denegó recurso extraordinario a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“Hace más de 10 años que Liz cumplió su condena. Después de eso, se reinsertó integralmente en la sociedad, y constituyó su familia. Aún así, el gobierno busca expulsarla y separarla bruscamente de su esposo y sus hijos, en violación al derecho a la unidad familiar y el interés superior del niño protegidos por tratados internacionales firmados por Argentina”, dijo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
