opinión
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| Romero y la coparticipación |
Allá por el 2015, antes de la asunción de la presidencia de Mauricio Macri, el GCBA venía
sufriendo una ``discriminación fiscal´´. Los contribuyentes de la ciudad aportaban entre un 22%
a un 25% de la masa total de la coparticipación federal, sin embargo, solo recibían 1.4%,
financiando así a las demás provincias y quedando en una desventaja presupuestaria gigante.
Veamos más de cerca: para el 2015 el GCBA recibía per capita por coparticipación unos
$2.500, comparados con $33.940 de Tierra del Fuego, o los $9.378 de Mendoza. Eso significa
que solo recibía el 8% de lo recibido por Tierra del Fuego.
Una vez asumida la nueva gestión, más precisamente en enero del 2016, se produjo una suerte
de redistribución justa para la Ciudad de Buenos Aires. A través del DECRETO NACIONAL
194/2016 se aumentó la alícuota que le correspondía a la ciudad de 1.4% a 3,75%, luego
disminuido al 3,50% por el consenso fiscal (DECRETO NACIONAL 257/2018).
Para algunos sonó un poco injusto, los gobernadores pusieron el grito en el cielo creyendo que
les disminuiría su porcentaje de fondos, citando así al polémico fallo de la CSJN (“Santa Fe,
Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad” y CSJ
191/2009(45-S)/CS1 “San Luis, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de
inconstitucionalidad y cobro de pesos”) unos días antes de asumir la nueva gestión marcándole
la cancha al nuevo gobierno y generándole una deuda con las provincias.
Aunque fue una decisión polémica para muchos, sobre todo para el tinte político opositor, y
gobernadores, el aumento de los fondos a la GCBA tenía razón de ser por el traspaso de la
policía federal a la gestión porteña, en el marco de ``CONVENIO ENTRE EL ESTADO
NACIONAL Y LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES DE TRANSFERENCIA
PROGRESIVA DE FACULTADES Y FUNCIONES DE SEGURIDAD´´.
La doctrina y las costumbres determinan que un traspaso de funciones viene acompañado de un
traspaso de fondos para cubrir la misma. Entonces ¿fue un aumento de fondos relacionado con
tener el mismo signo político como atribuía la oposición? O, ¿fue lo justo dado la cantidad de
funciones que estaba asumiendo el GCBA en ese convenio de traspaso?
“La construcción de la nueva policía es una política de fondo” decía por aquel entonces el
ministro de Justicia y Seguridad, Martín Ocampo durante la explicación del presupuesto de su
Ministerio para 2017. El traspaso fue todo un éxito, disminuyendo todos los índices de
delincuencia.
En la actualidad la nueva administración nacional quiere rebajar la alícuota en aproximadamente
1%, es una disminución bastante alta, sobre todo cuando está financiando gran parte de la
seguridad de la GCBA.
¿Es justo quitarle a los habitantes que más aportan al estado nacional su seguridad para
redistribuir en provincias quebradas, mal administradas, por políticos del mismo signo político
que el oficialismo nacional?
Se le han asignado fondos indiscriminadamente a provincias endeudadas, pobres, mal
administradas hace años, pero con el mismo signo político de la administración nacional.
¿La solidaria recaerá en la jurisdicción que más tiene, o en aquellas con signo contrario al
gobierno nacional? hasta ahora nada cambio.
Por Matías Romero
Contador Público
@ematiromero
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