opinión
El cambio climático es una realidad. No sólo la ciencia nos advierte sobre su existencia: de un tiempo a esta parte las olas de calor, los incendios forestales y algunas tormentas de inusual intensidad, nos afectan en mayor o menor medida la vida cotidiana.
En 2018 hubo incendios muy destructivos, olas de calor durante el verano en el hemisferio norte que mataron a centenares de personas y ahora vemos con asombro las imágenes del Amazonas en llamas. Sobre la tragedia ambiental observamos Estados que lejos de responder a la altura de las circunstancias, buscan culpables en la sociedad civil.
Con tiempos cada vez más cortos, hablamos de una realidad que debemos enfrentar hoy. La humanidad debe evitar que la temperatura global se eleve más de 1,5°C respecto a niveles pre industriales, según explicó el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). No se trata aquí de analizar las causas, sino de evaluar cuáles serán las consecuencias en distintos escenarios y por qué, al día de hoy, se trata de una problemática de derechos humanos.
Además de amenazar nuestra propia existencia, el cambio climático repercute de forma dañina en nuestro derecho a la vida, la salud, la alimentación, el agua y la vivienda entre otros derechos. No es una hipótesis; es lo que sucede ahora.
Una de las manifestaciones más evidentes son los fenómenos meteorológicos extremos: tormentas, tifones y olas de calor que se cobran la vida de miles de personas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que entre 2030 y 2050 el cambio climático provocará 250.000 muertes anuales.
El panorama a futuro es preocupante si tenemos en cuenta las posiciones de líderes como Donald Trump, que niega la existencia del cambio climático, o las acusaciones de Jair Bolsonaro a las organizaciones de la sociedad civil por los incendios en el Amazonas, o el decreto de Evo Morales que habilitó la quema controlada, son concretas manifestaciones de como ciertos Estados ignoran este problema.
Argentina adoptó compromisos internacionales concretos para formular programas nacionales tendientes a mitigar el cambio climático. La elaboración de sus Contribuciones Nacionales (NDC) en el marco del Acuerdo de París supuso un avance importante. Sin embargo, la aceleración de la crisis actual con el avance de los efectos del cambio climático exige que el país redoble sus esfuerzos y se comprometa con una verdadera política ambiental nacional.
El cambio climático profundiza la inequidad social e incrementa la vulnerabilidad de los sectores más postergados. Argentina presenta enormes posibilidades para dar respuesta efectiva a los desafíos que enfrenta.
Las empresas también tendrán que asumir responsabilidades: deberán adoptar medidas para minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero de forma inmediata, lo que incluye un cambio de negocio en torno a las energías renovables, y hacer pública la información pertinente sobre sus emisiones y sus medidas de mitigación.
Quienes han asumido el liderazgo en la lucha contra el cambio climático fueron los y las jóvenes tanto a nivel local como internacional. Greta Thunberg es sueca, tiene 16 años y lidera Fridays For Future; tanto ella como el movimiento que impulsa, fueron premiados por Amnistía Internacional con el premio Embajador/a de Conciencia, el más alto galardón que otorgamos desde la organización. En Argentina, también premiamos a Bruno Rodríguez y Jóvenes por el Clima por su trabajo y compromiso cotidiano. Es nuestro deber escuchar el llamado de atención de los más jóvenes y contribuir a su liderazgo en un tema en el que algunas potencias parecen hacer oídos sordos.
Fueron ellos quienes llamaron a un paro global de estudiantes contra el cambio climático que incluyó movilizaciones en todo el mundo el viernes 20 de septiembre. La convocatoria fue masiva en cientos de ciudades y los principales diarios del mundo cubrieron el tema en sus portadas. Millones de jóvenes estudiantes les exigen a los líderes del mundo que no sólo los escuchen a ellos, sino a los científicos. El objetivo es no sólo visibilizar el problema sino reclamar que se tomen medidas para frenar la posibilidad de una catástrofe humanitaria.
Mariela Belski,
directora ejecutiva
Amnistía Internacional Argentina
