martes, 15 de diciembre de 2020

Poner fin a la discriminación en la educación


internacional

La UNESCO celebra el 60º aniversario de la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza

Con los niños y jóvenes más vulnerables del mundo en peligro de quedarse sin educación como consecuencia de la pandemia de COVID-19, la UNESCO insta a todos los países a que protejan mejor el derecho fundamental a aprender ratificando la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, aprobada el 14 de diciembre de hace 60 años. 

En el marco de una nueva campaña de sensibilización a la Convención, la UNESCO está iniciando una conversación sobre la ampliación de nuestra comprensión del derecho a la educación para que refleje las necesidades mundiales cada vez más cruciales, a saber, la inclusión digital, la privacidad de los datos de los alumnos y el acceso al aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

La Convención, primer instrumento internacional jurídicamente vinculante dedicado enteramente al derecho a la educación, ha sido ratificada por 106 países hasta la fecha: el 28% de los países de la región de Asia y el Pacífico, el 46,8% del África subsahariana, el 60,6% de América Latina y el Caribe, el 63,1% de los Estados Árabes, el 68% y el 88%, respectivamente, de Europa occidental y América del Norte, y Europa oriental. 

Cuando ratifican la Convención, los países establecen o mejoran los marcos normativos y/o jurídicos para cumplir las normas internacionales, garantizar el derecho a la educación y contrarrestar la discriminación. Como tal, la Convención representa un poderoso instrumento para promover el cuarto objetivo de desarrollo sostenible "garantizar una educación inclusiva equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos". 

“La educación es un derecho humano fundamental que debemos asegurar y defender todos los días, especialmente teniendo en cuenta las nuevas y graves formas de exclusión, sobre todo en la esfera digital”, dijo la Directora General de la UNESCO, Audrey Azoulay. “La Convención de la UNESCO relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza es un instrumento jurídico mundial fundamental para proteger el derecho a la educación y promover la igualdad de oportunidades de aprendizaje sin distinción de raza, género o cualquier otra distinción, económica o social”, añadió. 

La discriminación sigue siendo omnipresente en la educación, ya sea por motivos de discapacidad, género, idioma, ingresos, origen étnico, religión, migración o situación de desplazamiento. Alrededor de 258 millones de niños y jóvenes de todo el mundo no están escolarizados, mientras que 773 millones de adultos, dos tercios de los cuales son mujeres, son analfabetos, según datos del Instituto de Estadística de la UNESCO. 

La pandemia de COVID-19 ha exacerbado las desigualdades preexistentes en todo el mundo, aumentando la probabilidad de que los estudiantes vulnerables se queden atrás. La UNESCO estima que más de 24 millones de alumnos, desde el nivel preescolar hasta el terciario, incluidos más de 11 millones de niñas, corren el riesgo de abandonar la educación. Según el Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo de la UNESCO, alrededor del 40% de los países de ingresos bajos y medio bajos no han podido apoyar a los alumnos desfavorecidos durante los cierres de escuelas, lo que ha agravado las desigualdades. Un tercio de los estudiantes -cerca de 500 millones- no han podido acceder a soluciones de aprendizaje a distancia, lo que subraya la urgencia de hacer de la conectividad un derecho. 

Para reconstruir mejor, los sistemas educativos deben integrar prácticas basadas en los derechos, inclusivas y no discriminatorias, de conformidad con las obligaciones consagradas en la Convención. 

La campaña de la UNESCO “Poner fin a la discriminación en la educación” tiene por objeto dar a conocer la Convención, reforzar su aplicación y la supervisión, ampliar la ratificación y estimular la reflexión sobre los nuevos derechos conexos necesarios para evitar que se agraven las desigualdades en la era digital.