opinión
La aparición en la vía pública de afiches anónimos injuriando a los periodistas Nelson Castro y Marcelo Bonelli constituyen una grave violación a la libertad de prensa y es obligación indelegable del Estado investigar el origen de esta campaña y castigar a sus responsables.
El punto 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la OEA establece que: “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
Nuestro país adopta estos principios y debe por tanto actuar en consecuencia.
Este tipo de campañas tendientes a difamar a periodistas o políticos cuyas opiniones son divergentes respecto de las de Gobierno Nacional no son una novedad, pero no por ello deben asumirse como algo normal y mucho menos minimizarse su gravedad.
En este caso particular resulta particularmente preocupante que uno de los periodistas víctima de la campaña haya sido recientemente mencionado por la Presidente de la Naciónen forma pública cuestionando su integridad profesional.
Es impensable que un acto de intimidación de esta naturaleza tenga su origen en funcionarios públicos, sin embargo al acusar en forma pública y con absoluta liviandad a comunicadores sociales se vuelven plenamente responsables de incitar acciones que están absolutamente reñidas con los más elementales principios de convivencia democrática.
Como hace habitualmente la Fundación LED llama a la reflexión a todos aquellos que tienen responsabilidad en garantizar los derechos humanos y en particular el derecho a la libertad de prensa y expresión para erradicar en forma definitiva este tipo de actitudes repudiables de nuestra sociedad.
