política
La Senadora Claudia Rucci presentó un proyecto para impedir que se exija a los adultos mayores el uso exclusivo de medios digitales en la realización de cualquier tipo de trámite.
“Las personas de mayor edad quedan, muchas veces, excluidas del acceso a servicios, o al cumplimiento de obligaciones, o al goce de derechos por el simple hecho de tener un limitado o nulo acceso a las herramientas digitales” expresa en sus fundamentos el proyecto de ley presentado por la Senadora provincial Claudia Rucci que, tras definir al adulto mayor como “consumidor hipervulnerable”, obliga a todo proveedor de bienes y servicios “a ofrecer atención personal a los adultos mayores, estando expresamente prohibido condicionar el acceso a los bienes y servicios que ofrezca o preste, a que sea por medios digitales, telefónicos o similares”.
En el proyecto, se define como personas mayores a aquellas personas nacidas con anterioridad a 1962 y prevé que -para quienes estén familiarizados con los sistemas digitales- exista la posibilidad de expresar su aceptación de los mismos.
“Existe, a mi entender, un muro casi invisible que margina a nuestros adultos mayores. No sólo tienen dificultades en acceder a estas herramientas digitales, sino que además, tanto las instituciones como las empresas de servicios (públicos o privados) cierran el acceso a modos presenciales de requerir las prestaciones” manifiesta Rucci en los fundamentos del proyecto de ley y cita como ejemplo el de algunos bancos, que en muchos casos obliga a retirar sólo por cajero automático determinada sumas de dinero obligando al adulto mayor a requerir el auxilio de terceros, conspirando con las normas de seguridad comunicadas por los propios bancos. “En otro rubro, en el área salud, sólo es posible conseguir autorizaciones, turnos y otras prestaciones de modo digital” continúan expresando los fundamentos del proyecto.
Finalmente, en la iniciativa presentada por la senadora de Juntos, se determina que deberán velar por el cumplimiento de la norma la Defensoría del Pueblo, la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios y las oficinas de información al consumidor de los municipios.
