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“Se trata de un gran paso para la infancia”, dijo Carla Carrizo, autora de la iniciativa.
El Senado de la Nación aprobó por unanimidad y convirtió en Ley el proyecto de la Diputada Nacional por Evolución Carla Carrizo para modificar el artículo 72 del código penal y establecer que el abuso sexual de niñas y niños sean delitos de instancia pública, permitiendo que el Estado pueda investigar de oficio sin que los padres ratifiquen la denuncia.
Hasta hoy, frente a este tipo de denuncias la justicia solo actuaba si había una ratificación del responsable parental pero ocurría en muy pocos casos porque, en gran medida, la mayoría de los abusos ocurren en ámbito familiar y allegados.
Con la sanción de la ley, que establece el cambio en el artículo 72 del Código Penal, será un delito de acción pública dependiente de instancia pública y la justicia podrá investigar sin necesidad de que los representantes legales a cargo de los niños ratifiquen la denuncia.
“Se trata de un gran paso para la infancia. El propósito es que los delitos no queden impunes y que el Estado actúe como responsable último del bienestar de los niños. El próximo paso es trabajar en protocolos y capacitaciones para operadores judiciales”, dijo Carrizo.
“Hoy ponemos en escena la voz de los protagonistas de esta lucha en defensa de los niños porque necesitamos que se haga justicia con las víctimas de abuso antes de que sean adultos”, añadió la legisladora radical.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 13 niños sufren abuso sexual antes de los 18 años. En tanto, se denuncia aproximadamente el 10% de los casos y se condena menos del 1%. En el 90% de los casos, el abusador es alguno de sus familiares varones.
La propuesta complementaria, que aguarda en la Cámara de Diputados: protección a los profesionales de centros educativos, de salud o de acompañamiento, que hoy están obligados a denunciar. Un incentivo para que lo hagan: reservar su identidad como denunciantes y eximirlos del secreto profesional y de responsabilidad legal, para que no sea tan fácil recibir represalias por haber denunciado un delito cometido contra niñas o niños.
