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Este jueves la Legislatura porteña a través del oficialismo buscará aprobar Modificaciones al Código Procesal Penal para adaptarlo y actualizarlo en el marco de las competencias delegadas por la Nación al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será el principal asunto a considerar de modo preferencial durante la sesión ordinaria citada para mañana a las 11:00.
La iniciativa del Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, está contenida en el despacho de mayoría respaldado sólo por el oficialismo de Vamos Juntos y fue recomendada al Pleno por las Comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales presididas por los diputados Daniel Presti (VJ) y Diego Sebastián Marías (VJ) respectivamente. Consta de 69 artículos que cambiarían parcialmente la actual normativa en la que deben basarse los jueces y fiscales para el desarrollo de las causas. La oposición de Unidad Ciudadana, Bloque Peronista y Partido Socialista emitió dictamen en minoría proponiendo la vuelta a comisión para continuar la discusión del proyecto en ese ámbito.
Las actualizaciones procesales apuntan a corregir diversos artículos pasando de los términos expediente o causa al concepto de "caso" como elemento central de la investigación preparatoria en el marco de un proceso de neto corte acusatorio tal como lo estipula la Constitución de la Ciudad en su artículo 13. También incorpora los principios del proceso penal que tienden a robustecer la oralidad y el sistema de audiencias para la resolución de los conflictos de los casos judiciales, promueve la celeridad en las causas, la simplificación de trámites apelatorios y el uso de tecnología en protección de víctimas y testigos, entre otros preceptos.
Sobre el tema, la diputada del PTS-FIT Myriam Bregman cuestionó el proyecto del oficialismo y sostuvo que “en el marco de que la Ciudad se está haciendo cargo de nuevas competencias penales, el proyecto pretende poner a todos los habitantes bajo un sistema de vigilancia permanente y hacerlo sin ningún control, un verdadero Gran Hermano que va a estar a cargo del Gobierno de la Ciudad y de Angelici, el gran operador de la Justicia porteña”. Bregman destacó que “el proyecto incluye supuestas ‘medidas especiales de investigación’ como vigilancia de celulares, computadoras, GPS, cámaras y micrófonos ante el solo requerimiento del fiscal y sin que los investigados se enteren. Ello estará a cargo de la Policía de la Ciudad, a la que se la viene equipando con moderna tecnología a tal fin”. Y agregó: “Es sumamente peligroso para cualquier habitante de la Ciudad y debe despertar un alerta especial en los sindicatos, organizaciones sociales y partidos opositores ya que se les otorga al Gobierno y su Justicia adicta la posibilidad de espiar y armar causas en forma indiscriminada”.
En el mismo sentido se manifestó el Centro de Estudios Legales y Sociales que en su cuenta de Twitter lanzó el hashtag #CodigoEspia señalando que las modificaciones podrían generar vigilancia en tiempo real a través de cámaras, micrófono y GPS del celular, capturas de pantallas, pulsaciones sobre el teclado, sms y mails.
A su vez, Patricio del Corro, diputado del bloque PTS-FIT, agregó que “se amplían además las facultades discrecionales para ordenar prisiones preventivas, aumentando los plazos de detención, algo absolutamente inconstitucional y que será usado contra los habitantes de los barrios populares, contra los vecinos de más bajos recursos, los más perseguidos, como la comunidad senegalesa. Como denunció mi compañera Bregman, claramente pueden ser usadas también para persecuciones a opositores. La propia redacción incluye que se podrán llevar a cabo aunque tuvieran efectos en terceros ajenos a la investigación”. Del Corro destacó que “Larreta busca más poder para la Justicia y la Policía de la Ciudad. Legalizan la infiltración a las organizaciones sociales y políticas en forma secreta, sin posibilidad de defensa. No pueden acusar de paranoia nuestra alerta: recordemos que Macri ya estuvo procesado por mandar a pinchar teléfonos, hasta el de su propio cuñado”.
