política
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó hoy una ley que dispone amplias modificaciones al Código Procesal Penal con el propósito de "afrontar eficazmente la transferencia de delitos de competencia nacional a la órbita de la justicia local", tal como fundamentaron las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales al dictaminar sobre el proyecto originado en la Jefatura de Gobierno.
La ley consta de 68 artículos normativos y uno de forma que actualizan el Código en el cual deben basarse los jueces, fiscales y abogados para el desarrollo y la tramitación de las causas. Se votó un despacho de mayoría de las dos comisiones legislativas intervinientes, respaldado solo por el oficialismo de Vamos Juntos. La oposición de Unidad Ciudadana, Bloque Peronista y Partido Socialista emitió dictamen en minoría proponiendo la vuelta a comisión para continuar la discusión del proyecto en ese ámbito. Los demás bloques opositores, en el recinto, también pidieron la vuelta a comisión.
El proyecto de ley finalmente sobre 58 legisladores presentes se aprobó por 34 votos afirmativos del bloque oficialista y 24 negativos de todas las demás bancadas.
El legislador Daniel Presti (VJ) fue el miembro informante como presidente de la Comisión de Justicia y explicó los alcances de proyecto. Después de las críticas de todo el arco opositor, el propio diputado cerró la lista de oradores y refutó los cuestionamientos. "Nosotros en las comisiones siempre hemos buscado el consenso pero a veces hay una pared que impide llegar al consenso o hay otros aspectos que desconozco", señaló.
Presti también dirigiéndose a los diputados que alegaron no ser escuchados "no asisten a las reuniones" donde se tratan los proyectos. "Con esta ley no se vulnera ninguna garantía constitucional, sino todo lo contrario y se avanza para que la justicia tenga los elementos y las normativas adecuadas", aseveró. Las posturas de los opositores fueron por la supuesta falta de atención a sus propuestas y de consulta a expertos no oficialistas, la necesidad de seguir analizando y discutiendo el texto de la norma, críticas a supuestas políticas represivas o criminalización de pobres y peticionantes y severos cuestionamientos o dudas sobre métodos nuevos de inteligencia criminal, pero también hubo acotaciones de técnica jurídica y la queja porque no se habría consultado a académicos de fuste ni organizaciones sociales.
Hablaron en el debate Myriam Bregman (PTS-FIT), Fernando Vilardo (AyL), Gabriel Solano (FIT), Hernán Arce (PS), Claudio Cingolani y Natalia Fidel (VJ), María Rosa Muiños y Santiago Roberto (BP), Carlos Tomada y Mariano Recalde (UC), Leandro Halperín (Ev), Marcelo Depierro (VJ) y Sergio Abrevaya (Gen).
Tomada, jefe de la bancada UC, sostuvo que "votar hoy este proyecto sería una irresponsabilidad en este contexto de aumento de la conflictividad social" y su compañero Recalde habló de "criminalización de la pobreza" y de "normas restrictivas" de los derechos de la ciudadanía.
Desde Evolución, Halperín reclamó por la falta la reglamentación del juicio por jurados e hizo un equilibrado análisis de cosas positivas y negativas del proyecto para argumentar en favor de la vuelta a comisión con el propósito de continuar el estudio.
Arce y Muiños presentaron argumentos parecidos. "Más allá de la cantidad de reuniones que efectivamente se hicieron para analizar el proyecto no participó ningún académico, no hubo ninguna consulta a organizaciones sociales vinculadas con estos temas y todos los miembros del poder judicial tuvieron reparos", expresaron, además de hacer puntualizaciones de técnica jurídica.
Muiños fue más allá cuando señaló: "La aprobación de esta iniciativa representa un claro retroceso respecto de las garantías vigentes en el Código actual y constituye graves restricciones a la libertad de las personas. Nos preocupa que el oficialismo lo lleve a cabo sin el acompañamiento de la oposición y sin escuchar, no sólo las dudas y objeciones de los legisladores, sino las de todos los especialistas que conforman el sistema judicial de la Ciudad, quienes han venido a esta Casa a oponerse al proyecto del Ejecutivo", consideró Muiños, al tomar la palabra en el recinto.
En primer lugar, la legisladora citó a la presidenta de la Cámara de Apelaciones del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas, Silvia Manes, quién rechazó "la forma en que se incorporan las medidas especiales de investigación, ya que introduce nuevas figuras como agentes encubierto, revelador e informantes que actuarían infiltrándose en la investigación sin el conocimiento del investigado y, por ende, sin ejercicio de su legítimo derecho de defensa".
Asimismo, Muiños hizo propias las palabras del Defensor General de la Ciudad, Horacio Corti, quien advirtió que “la reforma limita injustificadamente el derecho a la defensa, porque actualmente todo imputado tiene derecho a ser asistido desde el primer instante en que es detenido. El nuevo Código permitirá a las fuerzas de seguridad diferir de forma arbitraria este derecho”. Y agregó "En todo caso, se deberían volver a evaluar antecedentes como el proyecto de mi autoría, que propone la creación del cargo de Defensor de la Víctima dentro del ámbito del Ministerio Público de la Defensa". "Las intervenciones telefónicas serán ilimitadas, al quedar abierta la posibilidad de renovarlas y la duración de la vigilancia estará sujeta a la libre interpretación de los jueces", agregó la legisladora peronista. "A partir de ahora se duplicará el plazo de detención por peligro de fuga, porque el Fiscal pasará a tener 24 horas para intimar al hecho y luego, otras 24 horas para resolver sobre la libertad. La situación se agrava porque también se extenderá de 24 a 48 horas el tiempo que tiene el Tribunal para resolver sobre la prisión o libertad del detenido", consideró Muiños. En la misma línea, el legislador Santiago Roberto remarcó que “ningún diputado opositor acompañó el proyecto del Ejecutivo que, tal como fue aprobado, da vía libre para espiar a los vecinos” y afirmó que “es grave que no se hayan generado los consensos necesarios para modificar un Código que anteriormente había sido aprobado por unanimidad”.
Agregó que “estamos de acuerdo en que el Código necesita mejoras, pero las reformas propuestas presentan una desproporción entre lo que se pretende investigar y las medidas que habilita; y arrasa con los derechos a la privacidad y a la intimidad de los ciudadanos". Por último destacó que “con este nuevo Código Procesal Penal, la Ciudad se está alejando del Estado de Derecho y acercando a un Estado Policial”.
Desde las bancas de izquierda se dijo que el nuevo Código "ataca las garantías individuales, otorga el poder de espiar, escuchar a quienes se movilizan en esta ciudad contra las medidas de ajuste de este gobierno". Denunciaron que "se busca perseguir a la oposición y a los trabajadores" y que el oficialismo "quiere instalar un estado policial".
Fidel respondió que el nuevo Código "es un gran avance" y aclaró que "seguimos lo que ya se hizo en la Nación y en la Provincia de Buenos Aires, al incorporar el patrocinio gratuito para las víctimas", por ejemplo, mientras que Cingolani afirmó que "se avanza en las garantías y el debido proceso".
"Se está votando este código sin el acompañamiento de ninguna fuerza de la oposición", resaltó Depierro, y Abrevaya agregó que "el debate sirve cuando hay consenso y el ejecutivo no busco lograrlo".
La ley consta de 68 artículos normativos y uno de forma que actualizan el Código en el cual deben basarse los jueces, fiscales y abogados para el desarrollo y la tramitación de las causas. Se votó un despacho de mayoría de las dos comisiones legislativas intervinientes, respaldado solo por el oficialismo de Vamos Juntos. La oposición de Unidad Ciudadana, Bloque Peronista y Partido Socialista emitió dictamen en minoría proponiendo la vuelta a comisión para continuar la discusión del proyecto en ese ámbito. Los demás bloques opositores, en el recinto, también pidieron la vuelta a comisión.
El proyecto de ley finalmente sobre 58 legisladores presentes se aprobó por 34 votos afirmativos del bloque oficialista y 24 negativos de todas las demás bancadas.
El legislador Daniel Presti (VJ) fue el miembro informante como presidente de la Comisión de Justicia y explicó los alcances de proyecto. Después de las críticas de todo el arco opositor, el propio diputado cerró la lista de oradores y refutó los cuestionamientos. "Nosotros en las comisiones siempre hemos buscado el consenso pero a veces hay una pared que impide llegar al consenso o hay otros aspectos que desconozco", señaló.
Presti también dirigiéndose a los diputados que alegaron no ser escuchados "no asisten a las reuniones" donde se tratan los proyectos. "Con esta ley no se vulnera ninguna garantía constitucional, sino todo lo contrario y se avanza para que la justicia tenga los elementos y las normativas adecuadas", aseveró. Las posturas de los opositores fueron por la supuesta falta de atención a sus propuestas y de consulta a expertos no oficialistas, la necesidad de seguir analizando y discutiendo el texto de la norma, críticas a supuestas políticas represivas o criminalización de pobres y peticionantes y severos cuestionamientos o dudas sobre métodos nuevos de inteligencia criminal, pero también hubo acotaciones de técnica jurídica y la queja porque no se habría consultado a académicos de fuste ni organizaciones sociales.
Hablaron en el debate Myriam Bregman (PTS-FIT), Fernando Vilardo (AyL), Gabriel Solano (FIT), Hernán Arce (PS), Claudio Cingolani y Natalia Fidel (VJ), María Rosa Muiños y Santiago Roberto (BP), Carlos Tomada y Mariano Recalde (UC), Leandro Halperín (Ev), Marcelo Depierro (VJ) y Sergio Abrevaya (Gen).
Tomada, jefe de la bancada UC, sostuvo que "votar hoy este proyecto sería una irresponsabilidad en este contexto de aumento de la conflictividad social" y su compañero Recalde habló de "criminalización de la pobreza" y de "normas restrictivas" de los derechos de la ciudadanía.
Desde Evolución, Halperín reclamó por la falta la reglamentación del juicio por jurados e hizo un equilibrado análisis de cosas positivas y negativas del proyecto para argumentar en favor de la vuelta a comisión con el propósito de continuar el estudio.
Arce y Muiños presentaron argumentos parecidos. "Más allá de la cantidad de reuniones que efectivamente se hicieron para analizar el proyecto no participó ningún académico, no hubo ninguna consulta a organizaciones sociales vinculadas con estos temas y todos los miembros del poder judicial tuvieron reparos", expresaron, además de hacer puntualizaciones de técnica jurídica.
Muiños fue más allá cuando señaló: "La aprobación de esta iniciativa representa un claro retroceso respecto de las garantías vigentes en el Código actual y constituye graves restricciones a la libertad de las personas. Nos preocupa que el oficialismo lo lleve a cabo sin el acompañamiento de la oposición y sin escuchar, no sólo las dudas y objeciones de los legisladores, sino las de todos los especialistas que conforman el sistema judicial de la Ciudad, quienes han venido a esta Casa a oponerse al proyecto del Ejecutivo", consideró Muiños, al tomar la palabra en el recinto.
En primer lugar, la legisladora citó a la presidenta de la Cámara de Apelaciones del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas, Silvia Manes, quién rechazó "la forma en que se incorporan las medidas especiales de investigación, ya que introduce nuevas figuras como agentes encubierto, revelador e informantes que actuarían infiltrándose en la investigación sin el conocimiento del investigado y, por ende, sin ejercicio de su legítimo derecho de defensa".
Asimismo, Muiños hizo propias las palabras del Defensor General de la Ciudad, Horacio Corti, quien advirtió que “la reforma limita injustificadamente el derecho a la defensa, porque actualmente todo imputado tiene derecho a ser asistido desde el primer instante en que es detenido. El nuevo Código permitirá a las fuerzas de seguridad diferir de forma arbitraria este derecho”. Y agregó "En todo caso, se deberían volver a evaluar antecedentes como el proyecto de mi autoría, que propone la creación del cargo de Defensor de la Víctima dentro del ámbito del Ministerio Público de la Defensa". "Las intervenciones telefónicas serán ilimitadas, al quedar abierta la posibilidad de renovarlas y la duración de la vigilancia estará sujeta a la libre interpretación de los jueces", agregó la legisladora peronista. "A partir de ahora se duplicará el plazo de detención por peligro de fuga, porque el Fiscal pasará a tener 24 horas para intimar al hecho y luego, otras 24 horas para resolver sobre la libertad. La situación se agrava porque también se extenderá de 24 a 48 horas el tiempo que tiene el Tribunal para resolver sobre la prisión o libertad del detenido", consideró Muiños. En la misma línea, el legislador Santiago Roberto remarcó que “ningún diputado opositor acompañó el proyecto del Ejecutivo que, tal como fue aprobado, da vía libre para espiar a los vecinos” y afirmó que “es grave que no se hayan generado los consensos necesarios para modificar un Código que anteriormente había sido aprobado por unanimidad”.
Agregó que “estamos de acuerdo en que el Código necesita mejoras, pero las reformas propuestas presentan una desproporción entre lo que se pretende investigar y las medidas que habilita; y arrasa con los derechos a la privacidad y a la intimidad de los ciudadanos". Por último destacó que “con este nuevo Código Procesal Penal, la Ciudad se está alejando del Estado de Derecho y acercando a un Estado Policial”.
Desde las bancas de izquierda se dijo que el nuevo Código "ataca las garantías individuales, otorga el poder de espiar, escuchar a quienes se movilizan en esta ciudad contra las medidas de ajuste de este gobierno". Denunciaron que "se busca perseguir a la oposición y a los trabajadores" y que el oficialismo "quiere instalar un estado policial".
Fidel respondió que el nuevo Código "es un gran avance" y aclaró que "seguimos lo que ya se hizo en la Nación y en la Provincia de Buenos Aires, al incorporar el patrocinio gratuito para las víctimas", por ejemplo, mientras que Cingolani afirmó que "se avanza en las garantías y el debido proceso".
"Se está votando este código sin el acompañamiento de ninguna fuerza de la oposición", resaltó Depierro, y Abrevaya agregó que "el debate sirve cuando hay consenso y el ejecutivo no busco lograrlo".
