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La Legislatura porteña sancionó una ley que amplía y hace más rígido el sistema de sanciones para los infractores de tránsito del transporte público de pasajeros y de cargas, en lo referido a causales para la retención preventiva de vehículos, de personas o de licencias de conducir y suspensión de habilitaciones.
Los cambios fueron propuestos por los diputados oficialistas Francisco Quintana, Cristina García, Agustín Forchieri y Daniel Presti (VJ) y tratados en la Sesión Ordinaria de este jueves en base a un despacho conjunto de las comisiones de Tránsito y Transporte y de Justicia, que presiden García y Presti, respectivamente.
Las nuevas disposiciones tienen el “fin de optimizar y mejorar la eficacia de los operativos de fiscalización y control”. Para ello, se incorpora como prerrogativa de la Autoridad de Aplicación del Código de Tránsito y Transporte la de suspender en determinados casos las habilitaciones para ejercer el transporte de pasajeros.
También pueden los inspectores retener preventivamente los vehículos, conductores o licencias de conducir, de acuerdo con los casos tipificados, que incluyen, además de trenes, colectivos y subtes a los servicios de transporte escolar, transporte en vehículos de fantasía, mensajería y reparto en motovehículos y ciclorodados, taxis y remises.
“Taxis, transporte de escolares, remises, vehículos de fantasía y otros sin autorización. El/la titular o responsable de un vehículo que transporte pasajeros y que lo explote sin la autorización y/o habilitación para prestar el servicio establecida por la normativa vigente, es sancionado/a con multa de diez mil (10.000) unidades fijas e inhabilitación para conducir de siete (7) a treinta (30) días. No admite pago voluntario”, dice una de las cláusulas aprobadas.
Esa multa equivale hoy a 178.500 pesos, al valuarse cada UF en 17,85 pesos. Para otras infracciones las nuevas multas más comunes son de 1.500 UF, que representan 26.775 pesos.
El Diputado porteño, Marcelo Guouman de Evolución, justificó el voto negativo del bloque en la sesión que aprobó con 37 votos positivos, 11 negativos y 9 abstenciones el proyecto de ley del oficialismo para penar a los choferes del servicio privado de pasajeros conocido como Uber a través de un incremento en las multas al señalar que "la decisión del Gobierno de mantener el status quo perjudica a los taxistas".
"Hoy los taxistas están en inferioridad de condiciones porque los conductores de plataformas tienen menos obligaciones. Nuestro proyecto los iguala. Rechazamos la decisión de este gobierno de mantener el status quo porque coloca a los taxistas en desventaja", dijo el Diputado Guouman durante su discurso.
"Queremos regular para integrar y enmarcar una actividad lícita, como declaró la Corte Suprema y el Tribunal Superior de la Ciudad pero la mayoría en esta Legislatura no lo quiere regular. Los representantes de las mayorías debemos legislar para igualar las condiciones de las actividades y la seguridad en el transporte debe ser prioridad en la Ciudad. Prohibir no es el camino; y convertir lo legal en ilegal, tampoco", añadió el legislador radical.
Guouman es autor de un proyecto que plantea regular las aplicaciones del servicio privado de pasajeros estableciendo tope al cupo de permisos, que serán intransferibles, una limitación geográfica para la circulación de los vehículos, prohibición del alquiler de los autos, los choferes deberán inscribirse en la AFIP y pagar impuestos, y las empresas deberán abonar todas las cargas tributarias que le correspondan a la actividad. Además, propone también cobrar un 3% del valor de cada viaje para crear un fondo especial de movilidad que se destine a mejorar el sistema de transporte público.
