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Ante la situación que atraviesan las personas varadas en el exterior, Amnistía Internacional realizó un pedido de información a Jefatura de Gabinete de la Nación, al Ministerio del Interior y a Cancillería para conocer detalles sobre las consecuencias de las restricciones impuestas para el reingreso al país. Además, solicitó una reunión con el jefe de Gabinete y el ministro del Interior para dialogar y brindar aportes desde una perspectiva de derechos humanos.
El 26 de junio, a partir de la Decisión Administrativa 643/2021 de la Jefatura de Gabinete de la Nación, se dispuso un cupo de 600 plazas diarias para el reingreso a territorio nacional de argentinos, argentinas y residentes que se encuentren en el exterior, a través de vuelos de pasajeros, para prevenir el ingreso de nuevos casos de la variante Delta de COVID-19. De acuerdo con la información oficial, al menos 10 mil personas salieron del país la semana previa a la implementación de la medida.
Desde el inicio de la pandemia, Amnistía Internacional documenta las iniciativas implementadas para frenar la propagación del virus, con el objetivo de garantizar que se ajusten a los estándares internacionales de derechos humanos. En la actualidad, la organización está relevando los casos de diferentes personas varadas en el extranjero para conocer el impacto en sus derechos y remitirá esa información a las autoridades.
El derecho internacional prevé excepciones a la libertad de circulación para proteger la salud pública en situaciones extraordinarias. Sin embargo, cualquier medida que se tome dentro de este marco, debe ser proporcionada, estrictamente limitada y necesaria; y no debe perpetuarse indefinidamente en el tiempo. El respeto a los derechos humanos, lejos de ser un obstáculo para el control de la pandemia, es una condición necesaria para que las decisiones gubernamentales sean legítimas y socialmente aceptadas.
“A más de un año de iniciada la pandemia, las autoridades deben extremar su compromiso con los derechos humanos y garantizar que las políticas implementadas no causen un impacto desproporcionado en las personas. En este sentido, tanto el Poder Ejecutivo, como el Poder Legislativo y el Judicial tienen un rol clave y deben asegurar el máximo respeto de los derechos en la respuesta al COVID-19”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Las autoridades deben garantizar que las excepciones que establezcan en relación con la prohibición de ingreso al territorio nacional con el fin de atender circunstancias de extrema necesidad garanticen el respeto por la unidad familiar y el interés superior del niño en todo momento y no resulten en la negación de ningún derecho, en particular del derecho a la salud, la alimentación, el cobijo, sin importar dónde se encuentre la persona con necesidad de asistencia.
