economía
El argumento de la crisis financiera le ha servido a muchas empresas para despedir trabajadores mientras anuncian simultáneamente aumentos en la producción. El castigo es para quienes oponen resistencia. La CTA conduce diversos conflictos y gana legitimidad en las calles cordobesas.
Si la CTA afirma que “la crisis no la debemos pagar los trabajadores”, en el sufrido cordón industrial cordobés la dinámica parece orientarse en el sentido contrario. Los miles de trabajadores despedidos o suspendidos no tienen derecho al pataleo y quienes pretenden ejercerlos son señalados por empresarios, funcionarios y sindicatos empresariales para domesticar a quienes salvaron su cabeza de la poda.
“El sindicato no quiere saber nada con ustedes”, le dice un funcionario a la delegación de trabajadores de Iveco que fue despedida el año pasado y que a fuerza de movilizaciones logró la extensión de sus contratos hasta el 30 de junio, gobierno nacional mediante. No obstante, existe la justificada percepción de que pasadas las elecciones, todo grito callejero será ignorado, censurado o reprimido.
Iveco forma parte del grupo Fiat, cuyo mandamás Cristiano Ratazzi –un señor poco católico- anunció el mes pasado que la fábrica de autos tenía “récord de producción debido a la demanda de Brasil”. Pero Iveco despidió a cientos de trabajadores contratados bajo la excusa de que ya no los necesitaba. Y Smata demonizó a los compañeros por ‘zurdos’ y los incluyó en la lista negra de quienes deberán buscar trabajo en otro sector productivo. “Un compañero debió pedirle disculpas personalmente de Omar Dragún, secretario general del sindicato de mecánicos de Córdoba, y retirarle los papeles al abogado para que el dirigente le diera la aprobación para entrar a trabajar en otra fábrica”, señala Sebastián Zapata, uno de los despedidos de Iveco que optó por buscar refugio en las playas de la CTA.
Esta escena se repite a diario. La autopartista Gestamp también desvinculó a cientos de trabajadores contratados para posteriormente acordar un aumento de 1200 pesos de aumento extraordinario y 250 pesos a cuanta de futuros aumentos.
Los conflictos dispararon las movilizaciones callejeras que poco a poco, y a fuerza de hacer oír su voz con la protesta, incluyen a los trabajadores en la agenda social cordobesa. “Estamos en un proceso de crecimiento de los conflictos y, lentamente, el gobierno provincial encuentra en la CTA la referencia de los trabajadores para el momento de encontrar un interlocutor. Los trabajadores recalan aquí cuando otros espacios no atienden sus reclamos”, afirma Oscar Mengarelli, secretario general de la CTA Córdoba, quien viene teniendo numerosas reuniones con los funcionarios provinciales para encontrar respuestas a los diversos conflictos. “Sin martirologios, pero manteniéndonos firmes en la defensa de los intereses de nuestros compañeros”, señala.
Precarización y fraude laboral
Para el sector autopartista, la utilización de los contratos a plazo fijo de forma abusiva es una garantía de despidos sin consecuencias financieras ni legales. De esta forma, las empresas tienen la espada de Damocles sobre la cabeza de los trabajadores de forma permanente. “Es un fraude a la Ley de Contrato de Trabajo”, señala la abogada laboralista Cecilia Pérez Correa, del Departamento Jurídico de la Central de Trabajadores de la Argentina de la provincia mediterránea.
Los contratados y los trabajadores en negro, que según el diario perteneciente al Grupo Clarín, La voz del Interior del 18 de junio, alcanzan el 36,4% de la masa de ocupados en la ciudad, establecen el colchón de seguridad que necesitan las patronales para mantener con riendas cortas a quienes pretendan aumentos salariales por encima de las pautas que acuerdan las patronales con las cúpulas de los gremios cómplices y descabezar toda posibilidad de solidaridad entre los trabajadores.
La fábrica de vidrios para autos y camiones Cive se encuentra ocupada hace tres meses debido al pedido de quiebra, avalado por la justicia comercial y denunciada como fraudulenta por los trabajadores. El Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba había dado vía libre a la formación de una cooperativa de trabajo, pero el intendente Daniel Giacomino vetó la ordenanza.
El conflicto, sin solución a corto plazo, ha ubicado a la CTA de Córdoba a la cabeza de los reclamos. Al igual que los trabajadores de Iveco, en Cive referencian a la Central como el lugar donde pueden canalizar sus demandas y encauzar organizaciones de nuevo tipo que sean capaces de resolver los problemas de fondo que afrontan los operarios del cordón industrial cordobés, sofocados por la prepotencia patronal y la indiferencia del Gobierno.
Dada la retracción económica reinante en la provincia, el escandaloso endeudamiento del gobierno de Juan Schiaretti, la marea continua de cesantías y las señales de ajuste que empiezan a emitir las autoridades de la ciudad de Córdoba con Giaccomino a la cabeza, lo que le está costando la contundente respuesta de los empleados municipales, sólo es dable esperar una profundización del conflicto social en el transcurso del segundo semestre del año en Córdoba.
Fuentes: CTA Córdoba
