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El Defensor del Pueblo adjunto de la ciudad autónoma de Buenos Aires, Gerardo Gómez Coronado, solicitó al Ministro de Desarrollo Urbano de la Ciudad que informe acerca de la obras que prevén la realización de corredores viales subterráneos bajo la Avenida 9 de Julio, cuya ejecución se encuentra viciada de irregularidades administrativas.
“El Gobierno llama a licitación para una obra faraónica como si fuera la remodelación de una plazoleta, desconociendo la normativa vigente que obliga a su tratamiento previo y específico por la Legislatura de la Ciudad y a la realización de Audiencias Públicas”, explica el Defensor.
Entre los puntos que deberá describir el Ministro de Desarrollo Urbano, se cuentan: el motivo por el cual no se remitió el proyecto a la Legislatura, bajo qué justificaciones se consideró que estaba incluida dentro de la Ley 3060, si se realizó el estudio de impacto ambiental –específicamente en relación a la estación de servicio ubicada en la avenida 9 de Julio e Independencia-, las consecuencias previstas sobre la construcción de la futura línea “G” de subterráneos, y los estudios que sustenten la conveniencia de dicha obra.
“El análisis previo en esas instancias resulta fundamental a los efectos de dilucidar de qué manera este emprendimiento de gran magnitud puede ser compatible con la construcción de nuevas líneas de subterráneos y las políticas de desaliento del uso de autos particulares”, concluye Gómez Coronado.
