opinión
La reciente firma de un convenio entre la Universidad Buenos Aires y el Centro de Administración de Derechos Reprográficos (CADRA) que estipula que nuestra casa de estudios aceptará el pago de un arancel simbólico de “tan sólo” $1 por alumno (unos $ 300 mil anuales) como forma de compensar el uso de obras fotocopiadas (los clásicos apuntes), fue saludada por el diario La Nación (14/05/2009) como una iniciativa “para regular la reproducción de obras protegidas en todas las sedes académicas de la Universidad. Vale decir que el uso indiscriminado de fotocopias será finalmente ajustado al respeto de la ley de protección de derechos intelectuales”.
La medida es cuestionable por su carácter arbitrario e inconsulta y porque, más allá de la benevolencia del arancel “simbólico”, significa una apertura hacia mayores erogaciones. Pero fundamentalmente, resulta sintomática porque clausura la discusión sobre la regulación de la propiedad intelectual y la producción de conocimiento con fines educativos y de investigación en las universidades públicas.
Como sabemos, asistimos en nuestros días, a un proceso de cambio en el modelo de acumulación y de creación de riqueza social que es comúnmente llamado “sociedad del conocimiento”: una suerte de acumulación originaria de la información, donde las innovaciones tecnológicas y la producción de conocimiento de punta tienden a desestructurar los procesos productivos tradicionales sin cuestionar las formas de apropiación de esa riqueza producida.
Frente al optimismo tecnologicista, no podemos dejar de estar prevenidos ante a la posibilidad de una sociedad del conocimiento privatizado, con cada vez más control, concentración de la propiedad y menos democracia en el acceso a la información y al conocimiento. Nuestras prevenciones no se muestran infundadas cuando en hechos como el que nos ocupa, se refrenda el derecho a la “propiedad intelectual” por sobre el derecho a la educación, a la comunicación y a la cultura, reafirmando la penetración de los valores mercantiles en nuestras casas de estudio, continuidad y herencia de una década de neoliberalismo.
Los docentes e investigadores de universidades públicas comprometidos en la ampliación de las instancias democráticas de nuestra sociedad no podemos dejar de sentirnos interpelados a intervenir activamente en la discusión sobre el carácter público del conocimiento y las investigaciones que producimos.
De allí también la necesidad de revisar el régimen de propiedad intelectual, que por proteger las ganancias de las corporaciones, distorsiona e inhibe la creación y la investigación, restringiendo el acceso y privatizando el conocimiento. Asimismo, debemos insistir en la implementación de políticas públicas en pos de la democratización del acceso a los bienes culturales y en la puesta en valor del conocimiento socialmente producido. Por caso, ¿no sería más conveniente que los fondos públicos que la UBA destinará en concepto de arancel se inviertan en una política editorial pública seria en coordinación con el Estado Nacional?
De esta forma, en lugar de subsidiar fotocopias, la UBA debiera priorizar el derecho de sus estudiantes al acceso a las obras completas y, de la sociedad en su conjunto, a una mayor difusión y acceso al conocimiento que producen sus docentes e investigadores.
Héctor P. Agosti una vez escribió que “el pueblo necesita de instrumentos técnicos para liberarse y la universidad está en la obligación de proporcionárselos si no quiere prolongar un hiatus entre ella y el pueblo que es nocivo para la democracia argentina”, con este espíritu, debemos impulsar un debate profundo en el seno de las universidades públicas para que las concesiones al interés privado no sigan siendo la regla.
Por María Inés Vignoles
Secretaria General FEDUBA
