opinión
La Presidenta Cristina Fernández ha dicho que es necesario democratizar la comunicación, acabar con los monopolios y garantizar la libertad de expresión para toda la sociedad. En ese sentido presentó una propuesta de Proyecto de Ley de Servicios audiovisuales que asume las propuestas realizadas por organizaciones populares nucleadas en la Coalición por una radiodifusión democrática. Apoyamos y hemos salido a defender ese proyecto. Sin embargo fuimos sorprendidos por una medida que a contramano de ese discurso y de los coincidentes reclamos sociales beneficia al sector empresario que oligopólicamente controla la información en nuestro país al amparo de una Ley de radiodifusión de la dictadura militar.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner acaba de firmar un acuerdo fiscal en beneficio de un grupo de empresarios que elaboran y propagan el discurso del poder. En efecto, aunque la presidenta destacó la necesidad de “diferenciar a las pequeñas empresas periodísticas de los grandes grupos” y que "la libertad de expresión no es propiedad de un sector, sino de toda la sociedad", lo cierto es que este convenio de cancelación de pasivos fiscales de empresas periodísticas fue firmado con Telefé del Grupo Telefónica de España, América TV multimedio cuya propiedad comparten Francisco De Narváez, Daniel Vila y el ex Ministro José Luis Manzano, La Nueva Provincia de la familia Massot de Bahía Blanca, entre otros.
Resulta difícil de entender una acción tan contradictoria con el discurso de la Presidenta y parte del Gobierno nacional que impulsa el debate por una nueva Ley de comunicaciones para acabar con la concentración en la propiedad de los medios. No se facilita la gobernabilidad cediendo a las presiones corporativas. Nosotros creemos que los poderosos siempre quieren más y cuanto más se les da, más quieren y más exigen. Mientras tanto, cientos de iniciativas comunicacionales - radios de organizaciones sociales o pequeñas iniciativas privadas - que multiplican el debate y las voces ciudadanas buscan sostenerse con grandes dificultades económicas en una economía concentrada donde la gran pauta publicitaria también esta concentrada. Democratizar la comunicación para avanzar en una justa distribución de la riqueza implica, entre otras cosas, desmontar el andamiaje de la concentración mediática y económica para terminar con la desigualdad social. Para eso es indispensable que en forma urgente se presente al Congreso y se apruebe el Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación audiovisual. El debate se dio. Queda claro que hay un amplio consenso social y el esperado rechazo de unos pocos grupos concentrados. Se cumplieron los 60 días anunciados por la Presidenta en la presentación del 18 de marzo en La Plata. Entendemos que es el momento de avanzar con el proyecto en el Congreso antes de que este proceso de debate ciudadano se convierta en una nueva frustración. Tenemos la oportunidad después de casi 26 años. El momento es ahora.
Por Néstor Busso
Presidente de FARCO
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