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Amnistía Internacional pidió al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que inicie acciones judiciales y administrativas con el fin de investigar y sancionar a los responsables del uso abusivo de la fuerza, durante los hechos de violencia que se produjeron en el predio del Hospital Borda el último viernes.En una carta enviada al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, la organización señaló que las protestas o movilizaciones sociales son manifestaciones del ejercicio de libertad de expresión y de asociación que el Estado debe garantizar, ya que se encuentran protegidas por la Constitución Nacional y los tratados internacionales a los que Argentina se encuentra obligada. En ese sentido, las autoridades deben asegurar que la fuerza sólo será utilizada como último recurso y con estricto apego a las normas internacionales de proporcionalidad y necesidad en función de la amenaza existente.
En la carta -que fue enviada con copia al ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Guillermo Montenegro- Amnistía Internacional pidió al Gobierno de la Ciudad que se investigue no sólo a quienes hicieron uso abusivo de la fuerza, sino también a los responsables encargados de controlar el accionar de los agentes de la Policía Metropolitana.
“El sistema internacional de los derechos humanos ha entendido que si bien la libertad de expresión y de reunión no son derechos absolutos, y no es posible justificar actos violentos o delictivos simplemente porque han sido cometidos en el marco de una demostración pública, cualquier limitación a la protesta debe responder a una rigurosa justificación y sólo proceder conforme las causales y condiciones establecidas en los tratados internacionales”, dijo Amnistía Internacional.
La organización recordó que el Estado debe proteger el derecho a manifestarse, permitiendo a las personas expresar su disenso y ejercer su derecho de peticionar a las autoridades de manera pacífica. Al mismo tiempo, debe velar y garantizar la seguridad de los ciudadanos que se manifiestan, ya sea frente a posibles daños de terceros como, y especialmente, ante abusos en que pueda incurrir el propio Estado.
