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En las conclusiones presentadas hoy en Ginebra tras la primera revisión al Vaticano como Estado parte de la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, el Comité señaló que el argumento de la Santa Sede de que no tiene jurisdicción sobre los delitos cometidos por sus ministros en terceros países no es consecuente con el instrumento internacional.
El Comité recordó que la Convención estipula que “todos los funcionarios públicos o personas que actúen en una capacidad oficial” deben cumplir con las obligaciones contraídas por el Estado Vaticano en virtud de ese tratado.
En este contexto, el Comité señaló que el Vaticano debe tomar medidas para controlar y evitar que su personal cometa o consienta más actos de tortura.
Asimismo, indicó que la Santa Sede debe detener esas conductas y sancionar a quienes violen los principios de la Convención e instó a ese Estado a investigar las denuncias y a suspender inmediatamente de sus labores a los presuntos responsables de atropellos para evitar continúen los abusos o intimiden a las víctimas.
Agregó que cuando se encuentre responsable a algún ministro se le debe sancionar adecuadamente, incluyendo la expulsión del servicio clerical.
Además, el Vaticano deberá notificar a las autoridades civiles del lugar donde se hayan cometido los presuntos delitos para que éstas investiguen y procesen a los perpetradores cuando sea el caso.
Finalmente, el Comité pidió una reparación para las víctimas, independientemente de que el responsable haya sido o no juzgado.
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