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“El aborto por violación es legal para todas las mujeres, adolescentes y niñas”, informa el video que presentaron hoy en forma conjunta Amnistía Internacional Argentina, el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), con el apoyo del Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro (CLACAI). Las organizaciones denunciaron en conferencia de prensa que en muchos casos no se respeta derecho al aborto legal, cuya vigencia en todo el territorio argentino fue reafirmada por la Corte Suprema en marzo de 2012.
El video, que ya circula en las redes sociales, se presentó con motivo del Día Mundial de Acción por la Salud de las Mujeres, que se celebra mañana, y busca que las mujeres sepan que el aborto es legal en caso de violación y puede ser exigido en un hospital público. Además, recuerda que los servicios de salud deben garantizar ese derecho a todas las mujeres, en todo el país.
El video remarca que la mujer que fue violada tiene derecho a recibir atención médica y psicológica y asesoramiento legal. Además, puede pedir la interrupción del embarazo, sin que sea necesario presentar una denuncia policial ni judicial; sólo se requiere la firma de una declaración jurada en el hospital.
“Las directrices de la Organización Mundial de la Salud establecen que toda mujer o niña que quede embarazada a consecuencia de violación debe tener acceso a un conjunto de servicios de apoyo, que incluya la información sobre servicios de aborto seguro y legal y la opción de acceder a ellos”, recordó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Natalia Gherardi, directora Ejecutiva de ELA, dijo que “la situación del aborto legal en Argentina no ha cambiado sustancialmente luego de la decisión de la Corte Suprema de Justicia”, cuando en 2012 emitió un fallo que aclaró que el aborto es legal en caso de violación para todas las mujeres. Gheradi remarcó la importancia de tener un protocolo de actuación que se cumpla en todo el país. Actualmente, sólo ocho provincias (Chaco, Chubut, Jujuy, La Rioja, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego) cuentan con guías acorde a lo recomendado por la Corte Suprema, aunque no se cumplan en todos los casos. Otras ocho jurisdicciones (Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Neuquén, Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Río Negro y Salta) tienen protocolos que se oponen a esos lineamientos y presentan obstáculos para acceder a la práctica, mientras que las restantes provincias no tienen ninguna norma.
Mabel Bianco, presidenta de FEIM, repasó las barreras que en el último tiempo padecieron mujeres y niñas que fueron violadas para acceder a un aborto no punible: “Son formas de violencia institucional que se reiteran, cuando funcionarios de distintas dependencias del Estado no cumplen con sus deberes, retardan o impiden que mujeres y niñas ejerzan sus derechos y las revictimizan”, dijo Bianco. Además señaló que, ante una denuncia de violación, en la comisaría deben orientar a la mujer para que concurra al hospital, con el fin de prevenir el VIH/SIDA y el embarazo y ordenar la revisión por parte del médico legista, simultánea con la atención preventiva para no duplicar la revisión. En el hospital deben garantizarle la atención según el Protocolo para la atención integral de personas víctimas de violaciones sexuales del Ministerio de Salud de la Nación (2011), que incluye la atención del aborto no punible.
“Pareciera que ahora se hacen más abortos legales, pero una política pública no se hace a través de las redes informales. No se hace así en el caso de las campañas de vacunación, por qué hacerlo con el aborto legal”, cuestionó Silvina Ramos, del CEDES. Mariana Romero, también del CEDES, dijo que muchas violaciones ocurren por parte de familiares o incluso dentro de la misma pareja y en esos casos las mujeres deben saber que también tienen derecho a interrumpir el embarazo y lo pueden exigir en hospitales públicos.
