economía
"Es imperioso esclarecer qué hay detrás de uno de los contratos más grandes de la historia argentina como es la concesión del yacimiento petrolero de Cerro Dragón (Chubut) hasta el año 2047 por U$S 100.000 millones”
afirmó el Presidente de la Unión de Consumidores de Argentina, Fernando Blanco Muiño, luego de dar a conocer que la entidad presentó ante Amado Boudou y Julián Domínguez, titulares del Senado y de la Cámara de Diputados, respectivamente, el pedido de integración URGENTE de una Comisión Investigadora en el marco del Poder Legislativo para que esclarezca los hechos que rodean al contrato de concesión del yacimiento de Cerro Dragón.
“Desde la sociedad civil, con el mandato que nos otorga la Constitución Nacional en el art. 42, y con el compromiso permanente de defender a todos los usuarios y consumidores, ya sea a título individual o colectivo, consideramos que los hechos son de extrema gravedad institucional y patrimonial. La autodenuncia de British Petroleum (BP) ante la SEC es una confesión expresa de la existencia de actos de corrupción que agregaron toxicidad a un contrato de concesión de un bien no renovable. El impacto patrimonial puede ser histórico: se calcula un nivel de producción de U$S 2500 millones al año, multiplicado por los 40 años de concesión, nos permite inferir que estamos frente a un contrato que involucra U$S 100.000 millones, del yacimiento más importante que tiene la República Argentina con una participación del 17% sobre el total de la producción nacional”, explicó Blanco Muiño.
“A la autodenuncia de la BP, se suma el terminante informe de la Universidad Nacional de Cuyo que reconoce falencias graves en la emisión del Certificado de Reservas del yacimiento que estableció el precio de la concesión, fraguando las posibilidades de ciertas de exploración y explotación para beneficiar al concesionario”, agregó Blanco Muiño.
“En todo este proceso, estarían involucrados un Gobierno Provincial y su ex Gobernador, Mario Das Neves, hoy Diputado Nacional, una Universidad Nacional y sus equipos, un Ministerio y su titular, Julio De Vido, todos sospechados de graves delitos de corrupción en las contrataciones y defraudación al patrimonio nacional y frente a lo cual las únicas respuestas obtenidas han sido las vaguedades y el silencio. El Congreso, entonces está ante la oportunidad histórica de investigar y dar a conocer a todo el pueblo argentino la verdad de los hechos”, enfatizó Blanco Muiño.
“Consideramos que no sería extraño de concluir que el actual nivel de precios de los combustibles en la Argentina, ocupando el segundo lugar en Latinoamérica por su alto valor, se deba en parte a los sobrecostos que habría generado la corrupción. Y aquí confirmamos el impacto de la corrupción sobre la vida cotidiana de los argentinos. Los combustibles, sobrepreciados por la corrupción, atraviesan toda la economía y generan aumentos de precios, distorsionan mercados y, finalmente, boicotean el bolsillo de las familias argentinas”, finalizó Blanco Muiño.
