economía
Raúl Zylbersztein, Presidente de la Federación Económica de la Ciudad de Buenos Aires (FECIBA) criticó el compromiso asumido por el Gobierno porteño con parte de los puesteros que fueron desalojados de la Avenida Pueyrredón. Afirmó que “es contraproducente porque solo se le esta dando entidad a un sector controlado por una mafia” y criticó que “el aporte obligatorio de todos los comerciantes del país sea utilizado para subsidiar una actividad ilegal”.
El Ejecutivo de la Ciudad de Bs As llegó a un arreglo con un sector parcializado de los manteros, con la idea de reubicarlos en distintos predios, brindándoles por 60 días capacitación de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), entidad que, además, les dará un incentivo económico en ese lapso de $11.700, aportando casi $50 millones.
Por su parte, el titular de FECIBA consideró que “el conflicto no se puede arreglar con plata, sino que se necesita orden y trabajo” y agregó que “los problemas van a continuar indefinidamente porque el Gobierno porteño se reunió sólo con algunos punteros de la zona, reconociéndoles una representación inexistente en medio del caos que es la venta ilegal callejera”. Además, explicó que “el acuerdo dejó de lado a muchos otros vendedores, ya sea porque no están de acuerdo con abandonar su lugar o porque no pueden acceder al subsidio por tratarse de extranjeros indocumentados, lo cual en lugar de sofocar el problema, lo exacerba y genera cada vez más incidentes”.
En ese sentido, Zylbersztein reprobó que la gestión encabezada por el Ministro de Ambiente y Espacio Público, Eduardo Macchiavelli, y el de Modernización, Andy Freire, del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta “le haya dado tanta entidad solo a esa organización mafiosa, como para negociar libremente con su capataz, siendo que se trata de un grupo de violentos que atacó el orden público y que viene infringiendo las normas desde hace más de diez años”.
También, reclamó que “no es la fuerza pública la vía idónea para solucionar este tema” y añadió que “el conflicto debería desentramarse con inteligencia, investigado hacia donde va la plata que pagan los manteros por su espacio, o cuál es el origen de esa mercadería, ya que se infiere que proviene de talleres esclavos, contrabando y piratería del asfalto”.
A su vez, señaló que “tampoco es justo que se los premie” porque afirmó que “el mensaje que se esta dando denota que si sos ilegal, perteneces a una mafia, atacás el orden público y le complicas la vida a los ciudadanos, entonces se te entrega un subsidio de 11.700 pesos por 2 meses, que es más de lo que cobra un jubilado”.
Además, el referente de las pymes agregó que le parece “muy raro” que sea la propia CAME la que financie esa ilegalidad con recursos que se les quitan en forma de aportes obligatorios a todas las pequeñas y medianas empresas comerciales”.
En ese marco, consideró que “no es para nada claro cual será el beneficio” y que “carece de sensatez que los comerciantes legales, que reciben punitorios cuando apenas se atrasan un día en el pago de impuestos y que perciben un sinfín de multas por efectuar la carga y descarga de mercadería en los horarios estipulados, ahora, además, deban reemplazar al Estado y financiar una supuesta solución”.
Según la CAME, la venta ilegal en la Ciudad de Bs As recaudo 2152 millones de pesos en diciembre último y 14.825 millones en todo 2016, ante lo cual el referente de las pymes consideró que “es muy inocente de parte de esa entidad pensar que los manteros se van a ir porque recibirán 50 millones en dos meses”.
Por su parte, Osvaldo Cornide, justificó el aporte que hará su entidad porque afirmó que “en la Avenida Avellaneda, en el barrio porteño de Flores, las ventas subieron un 40 % luego de que se desalojara a los manteros, y que el dinero que hoy destina le será devuelto por el aumento de aportes que recibirá con el incremento en las ventas que obtendrán sus afiliados”. Sin embargo, el referente de FECIBA, dijo que “esos datos no son ciertos ” y que “se contradicen con los informes que la CAME entregó durante los últimos 12 meses, en los cuales se detallaba una caída interanual de las ventas minoristas de un promedio del 7 %”.
Finalmente, Raúl Zylbersztein exigió que “el Gobierno de la ciudad debe demostrar una real voluntad política para ir al fondo de la cuestión y encontrar una verdadera solución al problema, para evitar que este intento de acuerdo derive en un nuevo negociado carente de legalidad”.
