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La Comisión de Justicia de la Legislatura deliberó junto a especialistas y continuará con consultas y debates previos para consensuar proyectos ya presentados.
Con la presidencia del diputado Martín Ocampo (UCR), se reunió este viernes la Comisión de Justicia de la Legislatura porteña y escuchó las ponencias de tres expertos en derecho penal, en el marco de las consultas y deliberaciones para definir una ley que ponga en funcionamiento el juicio por jurados para las causas criminales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La reunión por videoconferencia realizada esta tarde fue convocada en función de dos proyectos con estado parlamentario: uno del legislador Leandro Halperín (UCR), respaldado por su bloque, y otro del diputado Claudio Cingolani (VJ), también apoyado por su bancada.
Como explicó en sus fundamentos el propio Halperín, “el proyecto original data de 1999 y fue suscripto por los diputados De Giovanni y Beliz; posteriormente presentaron iniciativas los diputados Ricardo Busacca, Silvia La Ruffa, Aníbal Ibarra, Paula Oliveto Lago y Claudio Cingolani”. Los que están en tratamiento actualmente toman como referencia trabajos del Consejo de la Magistratura de la Ciudad.
El juicio por jurado es una institución creada por la Constitución Nacional desde 1853/60, que delega su aplicación en los estados provinciales. Pero solo una media docena de provincias lo ha implementado, siendo Córdoba la primera y más experimentada al respecto.
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires ordena crear este sistema de juzgamiento en sus artículos 81, inciso 2, y 106. A su vez, el proceso de traspaso de competencias judiciales desde la Nación a la Ciudad, como la penal, implican la sanción o adaptación de nuevas normas, algunas ya concretadas y otras en curso.
Expusieron ante la Comisión de Justicia del parlamento metropolitano el juez Gonzalo Rua, consejero de la Magistratura; la abogada Luciana Piñeyro, coordinadora del programa para la implementación del juicio por jurados en el Consejo de la Magistratura, y el juez Mario Juliano, cofundador y director de la Fundación para el Pensamiento Penal.
Tanto Ocampo cuanto Halperín, uno presidente de la comisión y el otro promotor de la ley en ciernes, anunciaron que continuarán las consultas con representantes de la sociedad civil y del Ejecutivo local para avanzar en las coincidencias que permitan la sanción de una norma de amplio consenso.
Participaron de la reunión, además de los ya mencionados, los legisladores/as Claudia Neira, María Rosa Muiños y Lucía Cámpora (FdT); Gimena Villafruela, Gastón Blanchetiere, Claudio Romero, Matías López y María Luisa González Estevarena (VJ); Sergio Abrevaya (Gen). Legislatura
