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Seis empresas que están al frente de la distribución de las vacunas contra el COVID-19 estimulan una crisis de derechos humanos sin precedente con su negativa a renunciar a los derechos de propiedad intelectual y compartir la tecnología de las vacunas. Además, casi ninguna da prioridad a las entregas dirigidas a los países pobres, informó Amnistía Internacional a través de su nuevo informe Dosis doble de desigualdad: Las empresas farmacéuticas y la crisis de las vacunas contra el COVID-19.
La organización evaluó a seis de las compañías que tienen en sus manos la suerte de miles de millones de personas en todo el mundo: AstraZeneca plc, BioNTech SE, Johnson & Johnson, Moderna, Inc., Novavax, Inc. y Pfizer, Inc. El informe presenta diversas preocupaciones sobre un sector que desafortunadamente no respeta los derechos humanos.
Para fines de 2022, BioNTech, Moderna y Pfizer habrán ganado en conjunto 130.000 millones de dólares estadounidenses. Las ganancias nunca deben primar sobre las vidas y los derechos de las personas.
“Vacunar a todo el mundo es el único camino para salir de esta crisis. Ahora mismo deberíamos estar aclamando como héroes a estas empresas, que tan rápidamente crearon las vacunas. Sin embargo, para su vergüenza y nuestra tristeza colectiva, el bloqueo deliberado por parte de las grandes farmacéuticas de la transferencia de conocimientos y los tratos poco claros que hicieron en beneficio de los Estados ricos han gestado una escasez de vacunas totalmente previsible y devastadora para gran parte del mundo”, manifestó Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
“Esta distribución desigual está sumergiendo a algunas zonas de América Latina, África y Asia en nuevas y más profundas crisis, llevando al límite a los ya debilitados sistemas de salud. Así, las consecuencias son miles de muertes evitables. En muchos países de bajos ingresos el personal sanitario y la población en situación de riesgo ni siquiera han recibido la vacuna”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Para evaluar la respuesta de las empresas a la crisis, Amnistía Internacional analizó la política de derechos humanos; la estructura de fijación de precios; el historial de aprovechamiento compartido de la propiedad intelectual, los conocimientos y la tecnología; la asignación equitativa de las dosis de vacunas disponibles, y la transparencia de cada empresa. La organización concluyó que —en distinto grado— los seis desarrolladores de las vacunas habían incumplido sus responsabilidades en materia de derechos humanos.
De los 5.760 millones de dosis administradas en todo el mundo, un insignificante 0,3% ha ido a los países de bajos ingresos, y más del 79% va a los países de ingresos altos y medianos altos. Pese a los llamamientos para dar prioridad al instrumento destinado a garantizar la equidad global en la asignación de las vacunas —el Mecanismo COVAX— y colaborar con él, algunas de las empresas evaluadas han seguido reservando el suministro de vacunas a Estados de los que se sabe que las acaparan.
Hasta la fecha, todas las empresas evaluadas se negaron a participar en las iniciativas coordinadas a nivel internacional que se han concebido para impulsar el suministro global mediante el uso compartido de los conocimientos y la tecnología. También se han opuesto a las propuestas de quitar temporalmente los derechos de propiedad intelectual como, por ejemplo, la exención relativa al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio planteada por India y Sudáfrica.
Pese a que la mayoría recibe fondos multimillonarios, los fabricantes han perjudicado los derechos humanos de millones de personas que aún no pueden acceder a una vacuna contra el COVID-19 que puede salvarles la vida.
Quedan 100 días para que termine el año, por eso Amnistía Internacional acompaña el lanzamiento del informe Dosis doble de desigualdad: Las empresas farmacéuticas y la crisis de las vacunas contra el COVID-19 con una campaña global para pedir a los Estados y a las grandes farmacéuticas que se cumpla el objetivo de la OMS de vacunar al 40% de la población de los países de ingresos bajos y medianos bajos antes de que termine el año. La campaña cuenta con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud y el alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos.
“Necesitamos que las empresas y los Estados cumplan sus obligaciones de derechos humanos, todavía estamos a tiempo de salvar miles de vidas y poner fin a esta pandemia. Por eso, pedimos que entreguen 2.000 millones de vacunas a los países de ingresos bajos y medianos bajos antes de que termine el año”, indicó Belski.
Amnistía Internacional pide también a los gobiernos que garanticen a toda la población la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los centros médicos y los medicamentos. Las autoridades deben adoptar leyes y políticas para garantizar que las empresas farmacéuticas se ajustan a las normas de derechos humanos.
Amnistía Internacional se comunicó por escrito con cada empresa antes de la publicación y recibió respuesta de cinco de ellas (AstraZeneca, Moderna, Pfizer, BioNTech y Johnson & Johnson). Las empresas reconocen que la distribución justa y equitativa es esencial, especialmente en los países de bajos ingresos, pero ninguna de ellas ha respondido a esta aspiración ni ha cumplido sus responsabilidades en materia de derechos humanos.
