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Amnistía Internacional viajó a Chaco con el objetivo de garantizar justicia y reparación en el caso de una familia del pueblo indígena Qom víctima de violencia institucional. Integrantes de la organización se reunieron con autoridades para dialogar sobre diversos hechos de represión y las acciones llevadas a cabo para evitar que vuelvan a suceder.
La delegación fue recibida por la Secretaria y Subsecretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez y Nayla Bosch, y el Subsecretario de Planificación de Seguridad y Justicia del Ministerio de Seguridad y Justicia, Leandro Álvarez. En el marco de un diálogo constructivo y colaborativo, los funcionarios se comprometieron a continuar con los esfuerzos para luchar contra la violencia institucional en la provincia.
Amnistía Internacional visitó a las víctimas y familia del pueblo indígena Qom que sufrieron hechos de violencia por parte de las fuerzas de seguridad provinciales en el barrio Banderas Argentinas en la localidad de Fontana.
El 31 de mayo de 2020 agentes de seguridad de la Comisaría Tercera de Fontana ingresaron a una casa por la fuerza y con violencia, golpeando a quienes estaban adentro y llevándose detenidos a tres jóvenes y una menor de edad mediante forcejeos, empujones, golpes de puño, patadas y golpes con armas de fuego, mientras los insultaban y hacían referencia a su pertenencia a una comunidad indígena. Dentro de la Comisaría Tercera, continuaron los insultos, amenazas de muerte y agresiones, malos tratos, torturas, e incluso una de las jóvenes denuncia abuso sexual por parte de los agentes policiales.
"Pasó más de un año y aun sentimos el mismo dolor. Vivimos con el miedo de que nos vuelva pasar. Hoy seguimos pidiendo justicia por la tortura que sufrió nuestra familia para sanar las heridas y seguir adelante", relató Elsa Fernández, madre y tía de tres de las víctimas.
Desde que Amnistía Internacional tomó conocimiento de los hechos, se encuentra observando el proceso judicial contra los agentes involucrados para contribuir a que se lleve a cabo una investigación imparcial que garantice el acceso a la justicia y la reparación a las víctimas. Además, ha elaborado un diario de juicio que documenta el proceso judicial en la causa y, se encuentra acompañando a la familia.
A la fecha, hay 10 imputados en la causa incluyendo a la máxima autoridad de la Comisaría 3ra. por los delitos de vejaciones agravadas, allanamiento ilegal, detención ilegal, falsedad ideológica y encubrimiento. Sin embargo, no se incluye el delito de tortura, a pesar del grave padecimiento físico y psicológico que han relatado los 4 jóvenes. Esto ha sido solicitado en reiteradas oportunidades por las víctimas y las querellas.
Durante la visita, Amnistía Internacional tuvo oportunidad de reunirse con la Fiscalía en lo Penal Especial de Derechos Humanos, a cargo de Luciano Santos. La organización resaltó la importancia de que los hechos se califiquen como tortura para mostrar el máximo compromiso del Estado con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Por su parte, el fiscal se comprometió a continuar investigando en esa línea.
Además, se reunió con la Defensora Oficial nro. 14, Karina Paz, y con el Comité Provincial de Prevención de la Tortura, ambos querellantes en la causa y con quienes la organización mantiene un trabajo colaborativo.
“Desde Amnistía Internacional seguiremos observando el desarrollo del proceso judicial y exigiendo que las autoridades lleven a cabo todos los esfuerzos para honrar los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, garantizando justicia, reparación y que estos hechos no vuelvan a repetirse”, concluyó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
