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A 19 meses del histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el cual se condenó al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a sanear el Riachuelo, el Defensor del Pueblo de la Nación, y las organizaciones que conforman el Cuerpo Colegiado (Greenpeace, FARN, Asociación Vecinos de la Boca, Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos y CELS) evaluaron la gestión de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) y denunciaron el incumplimiento del fallo.
El informe presentado por el Cuerpo Colegiado, organismo establecido por la CSJN para el fortalecimiento de la participación ciudadana en el cumplimiento de la sentencia, evaluó las acciones del Plan Integral de Saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo, realizadas por la ACUMAR hasta diciembre de 2009 y concluyó que las obligaciones y plazos previstos en su mayoría no han sido cumplidos y que no se han registrado avances significativos.
Entre las críticas se destaca la ineficiencia de la ACUMAR, que a tres años de su creación, no ha logrado ejercer su rol como organismo de coordinación interjurisdiccional, y no ha podido implementar políticas a nivel de cuenca hídrica con metas y plazos concretos. Esta situación que se agravó por la debilidad institucional, evidenciada a partir del constante recambio de autoridades y funcionarios del organismo, que repercute en la falta de continuidad en las tareas emprendidas.
“Hay demasiada planificación y poca acción, cada cambio de funcionarios implica volver a empezar y los avances no se concretan nunca. Además, a mas de tres años de presentado el Plan, todavía no contamos con indicadores que nos permitan medir los avances de gestión, es vergonzoso que aún los estén planificando”, manifestó Consuelo Bilbao de la Unidad Política de Greenpeace.
Si bien las críticas recaen sobre la Autoridad de Cuenca; el Cuerpo Colegiado exhorta a los tres gobiernos que tienen injerencia en el organismo a dar un explícito y amplio apoyo político para dar continuidad a los planes y dotar a la ACUMAR de los recursos necesarios para un real saneamiento del Riachuelo.
Entre los incumplimientos evaluados, Greenpeace destaca lo sucedido con el componente de Control Industrial. Aunque el fallo obliga a inspeccionar en 30 días todas las industrias de la Cuenca luego de 17 meses sólo se ha supervisado cerca del 20% de los 4103 establecimientos relevados por ACUMAR -número ampliamente menor que el indicado por otras fuentes de información- y a este ritmo recién para el año que viene se lograría inspeccionar el total de las industrias tan solo una vez.
Por otra parte resulta preocupante la debilidad de la normativa adoptada para la recuperación y protección ambiental, que de no ser modificada no cumplirá con la manda judicial.
“Las metas de calidad de agua propuesta por ACUMAR, no contienen restricciones para sustancias peligrosas como por ejemplo los metales pesados, por lo que no será posible una real recomposición ambiental de la Cuenca ni siquiera a el largo plazo”, argumentó Martín Prieto, director Ejecutivo de Greenpeace.
