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Mientras que en el Boletín Oficial se publicaba la entrada en vigencia de la Ley Antiterrorista, en la CTA Nacional se llevaba a cabo una conferencia de prensa anunciando la firme decisión de la Central, partidos políticos, organizaciones sociales y organismos de Derechos Humanos de luchar por la anulación de la legislación que criminalizará aún más la protesta social. La conferencia finalizó con la convocatoria a marchar el jueves 29 a las 17:00 de Avenida de Mayo y Nueve de Julio a Plaza de Mayo.
La criminalización de la protesta social ya tiene nombre y apellido: Ley Antiterrorista 26.734. Su puesta en vigencia fue anunciada este miércoles 28 de diciembre en el Boletín Oficial. “Ya está publicada la ley en el Boletín Oficial”, comenzó la conferencia de prensa Ricardo Peidro, secretario adjunto de la Central de Trabajadores de la Argentina. Ante la presencia de medios televisivos y radiales nacionales, el secretario adjunto de la Central dijo: “Es una ley represiva. Tenemos que lanzar una lucha para que sea anulada” y llamó a marchar a las 17:00 desde Avenida de Mayo y Nueve de Julio a Plaza de Mayo.
Pese a las críticas de la oposición y la resistencia de los organismos de Derechos Humanos, sociales y políticos, la ley no sólo fue promulgada sino que ya entró en vigencia: “con esta ley hasta Gandhi sería tipificado como terrorista”, dijo Pablo Micheli, secretario general de la CTA. Que un Gobierno con un discurso que dice defender un proyecto de país “nacional y popular” promulgue una ley de estas características, amparado por un pedido del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, organismo multilateral establecido en 1989 por el G-7) no deja de ser una contradicción, pero la falta de coherencia entre el discurso y la acción se ve con más claridad en la vida real: en un año 15 personas fueron asesinadas por reclamar tierra y trabajo y más de 5 mil hombres y mujeres están procesados por defender sus puestos de trabajo. “Lo que se está preparando es el disciplinamiento de los trabajadores frente a la crisis”, enmarcó Peidro la sanción de la ley.
