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La Justicia Penal Ordinaria y la Justicia Nacional en las Relaciones del Consumo serán transferidas en forma gradual a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las funciones que no sean de materia federal, al igual que la Inspección General de Justicia (IGJ) y el Registro de la Propiedad Inmueble según dispuso este jueves la Legislatura porteña aunque está pendiente la ratificación del Congreso Nacional. El oficialismo adelantó su compromiso para crear una comisión especial conformada por distintos bloques que atienda la situación de los trabajadores judiciales.
El parlamento porteño aprobó este miércoles en sesión especial cuatro leyes que legitiman este proceso de transferencia basado en lo que establecen las constituciones Nacional y de la Ciudad y cuatro recientes convenios suscriptos en el máximo nivel ejecutivo por las autoridades respectivas.
Los convenios aprobados y convertidos en ley fueron tratados en base a despachos elevados al pleno por la comisión legislativa de Relaciones Interjurisdiccionales que preside el diputado Juan Francisco Nosiglia (SUMA+) en presencia de una representación de trabajadores que ocupó los palcos y en distintos momentos entonó consignas en defensa de sus fuentes laborales.
El primer orador fue el presidente del bloque oficialista, diputado Francisco Quintana (PRO) quien en su intervención comprometió la voluntad de sus representados para que en la próxima sesión ordinaria -probablemente el jueves 20 de abril- "se cree una comisión especial que sea el ámbito del debate de las distintas fuerzas políticas para atender las situaciones colectivas y particulares de los trabajadores judiciales". Previamente había recordado al "compañero de trabajo y entrañable amigo Enzo Pagani", presidente del Consejo de la Magistratura fallecido la semana pasada.
Miembro informante fue el presidente de la Comisión de Justicia, Daniel Presti (PRO). Afirmó que "los acuerdos formalizados el 19 de enero último tienen un solo objetivo: fortalecer la autonomía". Tras remarcar que "no se alteraran ni alterarán los derechos adquiridos de los trabajadores" y que "nuestra decisión de hoy requiere la ratificación del Congreso Nacional" volvió a enfatizar que "estamos ante un final anunciado: la plena autonomía de la Ciudad de Buenos Aires".
Durante el debate de más de dos horas expusieron también Laura Marrone, Marcelo Ramal (FIT), Adrián Camps (PSA), Roy Cortina (PS), Paula Oliveto Lago (CC), Marcelo Depierro (CP), Carlos Tomada (FpV) y Nosiglia (SUMA+). Al momento de la votación en general acompañaron al PRO el Bloque Peronista, SUMA+, CC, PS, PSA y CP excepto en el convenio de la justicia penal donde se abstuvo.
Para Santilli: “Los vecinos necesitan una Justicia más eficiente, cercana y dinámica. El traspaso de competencias al ámbito de la Ciudad le va a hacer más fácil la vida a los vecinos”, destacó el Vicejefe de Gobierno porteño.
El diputado Nosiglia (ECO), se refirió sobre los 4 convenios de traspaso de la Justicia al ámbito de la Ciudad de Bueno Aires, donde el bloque que representa a Martín Lousteau votó afirmativamente, al señalar que es "un paso central hacia la plena autonomía".
"Se trata de cumplir con el mandato constitucional abonando al federalismo y a la plena autonomía", señaló el dirigente radical.
"Buenos Aires necesita contar con herramientas para administrar su propia justicia para tener un sistema más eficiente, más accesible y más equitativo para los ciudadanos. Es una oportunidad única para darle una señal al Congreso de la Nación sobre la voluntad de la mayoría de los vecinos y de las fuerzas políticas de la Ciudad", añadió el Secretario de la UCR Nacional.
"Celebramos la iniciativa que el oficialismo ha tomado hoy para darles mayor certidumbre a los trabajadores y desde la Comisión de Relaciones Interjurisdiccionales hicimos lo posible para garantizar que se preservarán las fuentes de trabajo y las condiciones laborales", expresó el Diputado.
"A más de 20 años de sancionada la constitución de la Ciudad y de la reforma de la Constitución Nacional, las promesas hechas en ambos textos -no sólo a los porteños sino a todos los ciudadanos de la República- no pueden permanecer en el estado de cumplimiento parcial e insatisfactorio que actualmente se encuentran", finalizó Nosiglia.
