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El sábado fue hallado el cuerpo sin vida de Micaela García, la joven de 21 años que había desaparecido una semana atrás en la ciudad entrerriana de Gualeguay, a la salida de un boliche bailable.
El caso de Micaela se suma a una escalofriante cantidad de casos de mujeres que son asesinadas cada año a causa de la violencia de género en nuestro país.
En los primeros 43 días del 2017 ya se conocieron más de 50 casos de femicidios.
Sin embargo, estas cifras no surgen de estadísticas oficiales, porque el Estado aún no ha generado una política de relevamiento y producción de datos en materia de violencia de género. La violencia contra las mujeres es un problema de derechos humanos a esta altura, estructural en nuestro país, que requiere una proactiva y urgente intervención del Estado.
Dada la gravedad de la situación, Amnistía Internacional realizó un pedido al Poder Ejecutivo a establecer como una prioridad y primer paso el relevamiento de casos de femicidio en todo el país;
a generar estadísticas que revelen las dimensiones y tipos de violencia que afectan hoy a las mujeres;
a invertir en encuestas que revelen cuales son las formas de violencia que enfrentan las mujeres, con qué frecuencia se manifiestan, quienes son los perpetradores y qué respuesta hadado la justicia ante este tipo de casos.
Durante el 2016, y a instancias del Estado, la Relatora especial de la ONU sobre violencia contra la mujer, Dubravka Šimonović vino al país. Tras su visita, la Relatora llamó la atención sobre las “deficiencias considerables” del sistema argentino para hacer frente a la “cultura machista” y los femicidios.
A su vez, en ocasión del examen rendido por Argentina ante el Comité CEDAW en noviembre de 2016, el órgano de Naciones Unidas subrayó la importancia de aumentar los escasos recursos humanos, técnicos y financieros para fortalecer el trabajo del Consejo Nacional de la Mujer y promover la coordinación permanente entre el Consejo Nacional, las Oficinas Provinciales y Municipales de la Mujer, estableciendo líneas claras de trabajo coordinado en materia de igualdad de género.
Asimismo, alertó al Estado para que asegure recursos para la generación de datos estadísticos actualizados que habiliten el trabajo en políticas públicas que busquen prevenir y combatir la violencia de género.
“La eliminación de la violencia de genero debe ser una prioridad ineludible del Estado. La violencia de género es el resultado de la naturalización de patrones estructurales y culturales que promueven la desigualdad de las mujeres. Es por ello que toda iniciativa debe ser acompañada por políticas públicas integrales que no solo busquen reducir la violencia contra las mujeres sino eliminar las raíces de la desigualdad para evitar que la violencia se perpetúe” agregó, Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
