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Con el objetivo de investigar presuntas irregularidades al Régimen de Producción, Comercialización y Distribución de Medicamentos, senadores radicales presentaron un proyecto de creación de una comisión investigadora en el ámbito parlamentario.
“Si como resultado de las investigaciones desarrolladas por la Comisión se advirtieran hechos o actos que pudieren considerarse delitos, girará las actuaciones a la justicia penal a efectos de impulsar el proceso pertinente”, dice el artículo segundo de la iniciativa suscripta por el presidente de la comisión de Salud de la Cámara alta, José Cano (UCR/Tucumán) acompañado por su pares Gerardo Morales, Emilio Rached y Pablo Verani de la UCR y la senadora catamarqueña Blanca Monllau.
Entre las funciones previstas, la Comisión podrá realizar investigaciones y evaluaciones vinculadas las normas vigentes en materia de producción y comercialización de medicamentos; el sistema administrativo de policía; los procedimientos de autorización y habilitación de funcionamiento de droguerías y farmacias; el régimen para la importación, exportación, producción y almacenamiento; las normas de envasado y etiquetado; los trámites para la gestión de reintegros por gastos; las normas de seguridad para el almacenamiento y traslado y las políticas públicas referidas al acceso a la medicación.
Incluso, para el cumplimiento de su objeto, la Comisión podrá requerir informes y realizar investigaciones, tanto en el sector público como el privado. Asimismo podrá solicitar todo tipo de documentación e información relacionada con los hechos investigados; convocar a funcionarios, organizar audiencias públicas o solicitar testimonios; así como pedir información al Poder Judicial cuando los hechos investigados fueran objeto de causa penal.
La falsificación de productos médicos, desde su fabricación hasta su administración a los pacientes, es un delito grave que pone en peligro las vidas humanas y menoscaba la credibilidad del sistema de salud. En este sentido se ha pronunciado la Organización Mundial de la Salud para quien “los productos médicos falsificados perjudican los progresos alcanzados en materia de salud pública y amenazan la eficacia de la lucha contra las enfermedades prioritarias”.
“A partir de la causa vinculada al denominado triple crimen de General Rodríguez de agosto de 2008, fue tomando estado público la peligrosa situación que afrontamos los argentinos, referida al posible consumo de medicamentos adulterados y al gran negocio que existe detrás de la comercialización de medicinas falsas o sustraídas”, destacan los senadores en los fundamentos del proyecto de Resolución donde agregan que “esta investigación judicial ha puesto al descubierto una posible asociación ilícita entre empresarios, financistas políticos y gremialistas, quienes aparentemente han defraudado las arcas de las obras sociales mediante la reducción de medicamentos robados, con un enorme riesgo para la salud de la población”.
Por otra parte, afirman, la Justicia Federal ha avanzado decididamente en la causa denominada Mafia de los medicamentos, procesando a diversos responsables de obras sociales gremiales. Así, las investigaciones judiciales por comercio ilícito de medicamentos están develando una intrincada trama de complicidades delictivas.
“Es necesario, por lo tanto, que en consecuencia con las exigencias internacionales en materia de salud publica, el Congreso de la Nación conozca cuáles son las medidas administrativas que se han tomado para evitar la comercialización y consumo de medicamentos robados, falsos, adulterados o no autorizados, y cuáles acciones se han desarrollado para evitar las maniobras fraudulentas en las obras sociales y que actualmente son investigadas por la justicia”, finalizó el radical José Cano, quien presentó la iniciativa el pasado 18 de febrero.
